Por: Redacción

Es inadmisible que en centros y albergues de asistencia social tanto públicos como privados, se violen los derechos humanos de personas con discapacidad, pues la existencia de estos lugares es para garantizarles las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida, enfatizó la senadora Angélica de la Peña en un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En el documento expresa que pese a la existencia mecanismos que garantizan el pleno ejercicio y goce los derechos humanos, tanto a nivel internacional como en el ámbito nacional, prevalecen situaciones graves de violación de estos derechos, y una muestra de ello es el reciente documental realizado en el Distrito Federal y presentado por la Cadena de Televisión ABC News y la organización Internacional para la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, Disability Rigth International (DRI).

En el mencionado documental se señalan casos de personas objeto de violaciones a sus derechos humanos, tortura y explotación sexual. Se establece que las mujeres y niñas son objeto de esterilizaciones en contra de su voluntad, ya que en muchos de los casos pasan desapercibioas por el estado de salud mental en el que se encuentran estas personas.

mama-rosa1

El reportaje muestra imágenes de los albergues en donde se puede observar a niños hacinados entre basura, agua estancada y humedad, sucios, jugando sin que ningún adulto les preste atención o los tenga bajo su cuidado; otros trabajan haciendo el aseo porque la instalación en la que se encuentran no tiene personal para ello.

De la Peña Gómez puntualizó que las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en términos de igualdad con el resto la sociedad, sin discriminación de ningún tipo.

Agregó que este sector de la población también disfruta de ciertos derechos específicamente ligados a su estatus, los cuales son protegidos por importantes instrumentos internacionales como Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos de los Niños, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y en la ámbito nacional la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Señaló que se denuncia la existencia de una “lista negra”, un documento oficial compilado por el Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal (IASIS), en el que se hace conocimiento de la evaluaciónón de 76 instituciones, de las cuales se encontró que 25 representaban un “grave riesgo” para las personas que ahí vivían, “a pesar de este hallazgo, ni el IASIS ni el Sistema de Desarrollo e Integración de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), que supervisa los servicios que se otorgan a niños y adultos con discapacidad, han actuado para poner fin a los abusos o cerrar estas instituciones”, añadió.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado recordó que el gobierno de México llevó las preocupaciones de las personas con discapacidad a las Naciones Unidas y patrocinó una resolución para redactar una nueva Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); al patrocinar la CDPD, México hizo una importante contribución al derecho internacional y a los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo no se han implementado estos derechos para sus propios ciudadanos, los cuales siguen detenidos en instituciones.

En su propuesta, la senadora Angélica de la Peña solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Miguel Ángel Mancera Espinoza, un informe detallado de la situación de los Centros y Albergues, tanto públicos como privados, de atención de Personas con Discapacidad.

Asimismo, requiere al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, de acuerdo a sus atribuciones, supervise que en todos los centros y albergues se respeten y garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, y de ser el caso se lleve a cabo el cierre de todos los centros que no cumplan con esto.

El punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y posterior dictamen.