Por: Redacción/

El diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que exhorte a varias dependencias del gobierno federal y al gobierno de Chiapas a impulsar acciones inmediatas encaminadas a resolver de forma definitiva el conflicto territorial entre San Pablo Chalchihuitán y Chenalhó, que propició el desplazamiento de más de cinco mil personas amenazadas por grupos civiles armados.

Además del gobierno de Chiapas, el exhorto fue hecho a las secretarías de Gobernación y a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que implementen de manera urgente medidas cautelares a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las personas y familias de ambos municipios, así como a desarmar a los grupos de civiles armados que operan en esa región, así como a garantizar el libre tránsito y paz social, indicó.

De igual forma, el también Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propuso que se investigue y castigue a los responsables materiales e intelectuales del hostigamiento a los pobladores de San Pablo Chalchihuitán y de quienes propiciaron el desplazamiento de más de 5 mil personas y la muerte de 11 de ellas.

El exhorto del punto de acuerdo a las dos secretarías de Gobernación, a la SEDATU y al gobierno estatal, es para que con respeto a “los usos y costumbres de los pueblos indígenas y mediante el diálogo, se restablezca la armonía” entre ambas comunidades y “busquen una pronta solución al conflicto agrario”.

El diputado federal del PRD alertó sobre el riesgo que enfrentan los desplazados en su intento por volver a sus comunidades, debido a que las bandas de civiles armados que operan en esa región siguen activos e impunes, a pesar de haber incendiado viviendas, realizan bloqueos carreteros, hostigan a la población y propiciaron varias muertes.

Recordó que ante ese escenario, el pasado 4 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos urgió a los tres niveles de gobierno a implementar acciones para garantizar la seguridad, salud y alimentación de los desplazados, toda vez que el mismo llamamiento hecho en noviembre pasado esa petición fue ignorada.

El conflicto de fondo sigue sin resolverse y el motivo que desencadenó la actual crisis es la controversia por los límites agrarios provocada desde hace más de cuatro décadas, cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (hoy SEDATU) ejecutó la resolución presidencial a favor de los bienes comunales de Chalchihuitán sin respetar las colindancias territoriales que de manera ancestral existían entre los bienes comunales de ambos poblados, y por lo que Chenalhó se inconformó al considerar que fueron despojados de 365 hectáreas.

Dada la naturaleza de la disputa el gobierno federal y el de Chiapas forzaron una solución a través de la simple y llana aplicación de la justicia agraria por vía jurisdiccional, dejando de lado factores culturales, sociales y políticos que son también fundamentales para una solución de fondo, expuso en su punto de acuerdo Hernández Soriano.

A fin de lograr una solución de fondo, pidió que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades de varios niveles de gobierno a impulsar acciones que, en primera instancia, garanticen las vidas de los desplazados y promuevan una solución definitiva atendiendo aspectos culturales de la región.