Por: Redacción/

El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, afirmó que los principales riesgos del sistema son la delincuencia organizada, el robo de hidrocarburo, los decomisos, la corrupción, la economía informal y el flujo de efectivo en pesos; por ello, se requieren políticas que los ataquen.

En la reunión del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, donde se le entregó un reconocimiento por su ponencia, el funcionario solicitó a las y los legisladores valorar las iniciativas que se encuentran en el Congreso de la Unión en estos temas, para mejorar y cumplir los estándares internacionales.

Precisó que se necesita modificar la Ley de Instituciones de Crédito –que está en la Cámara de Diputados y que fue aprobada por el Senado de la República-, así como reformar el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Anticorrupción, entre otros.

Mencionó que de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos, los más significativos son: delincuencia organizada, en donde hay una multiplicación de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o armas, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, pesca ilegal de especies protegidas, entre ellas, la totoaba, la cual llega a ser más cara que la venta de la cocaína.

En cuanto a robo de hidrocarburos, dijo que en noviembre de 2018 se perdían 80 mil barriles diarios, hoy todavía hay un faltante de cuatro mil o cinco mil barriles diarios. Las pérdidas del año pasado llegaron a ser de 66 mil 300 millones de pesos. “Esto ha sido ya detenido a partir de la acción conjunta con Sedena, Marina, Pemex y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; sin embargo, también se han generado una serie de casos que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República”.

Nieto Castillo resaltó que uno de los temas más relevantes tiene que ver con los decomisos, pues datos del Consejo de la Judicatura precisan que de 2015 a 2018, los decomisos por sentencias condenatorias por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita fueron reducidos; se habla de solamente 15 millones 763 mil pesos o cuatro millones 429 dólares.

El tema central, afirmó, tiene que ver con el modelo. “Eso ha generado polémica y discusión. Por eso comparto el criterio que se ha tenido tanto en la reforma constitucional como en las discusiones sobre la legislación secundaria de separar el modelo penal del civil. Estados Unidos, Colombia y varios países del mundo han generado esta separación, que no hace depender de una sentencia condenatoria en materia penal, la posibilidad de que exista la extinción de dominio”.

Otro riesgo, abundó, es la corrupción. México se convirtió en la nación 138 de 180 países analizados como los más corruptos en una escala de transparencia internacional de cero a 100 puntos; estamos en 28, muy cerca de Somalia y muy alejados de los más honestos como Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia.

Puntualizó que la Secretaría de la Función Pública ha impuesto 25 mil 113 sanciones desde 2016 a 2018. Hay un enfoque de sancionar no a los servidores públicos de bajo nivel, sí a los de alto nivel con inhabilitaciones cuando se acredita algún tipo de responsabilidad de naturaleza administrativa. Además, la Fiscalía General de la República ha iniciado un proceso similar, a partir de la idea o del concepto de la comisión por omisión.

La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, ha planteado más de siete mil 726 responsabilidades administrativas y 48 denuncias de hechos por la posible comisión de conductas delictivas. “Faltaría que la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso el Servicio de Administración Tributaria pudieran formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción para redondear la información fiscal en estas estrategias globales de combate a la corrupción”.

El funcionario argumentó que en la economía informal se detectó otro peligro. En México, el 57 por ciento de la población está en ella; representa el 22 por ciento del Producto Interno Bruto y el problema radica en la falta de bancarización, pues sólo el 37 por ciento de la economía está bancarizada. “Debemos avanzar en un proceso que permita tener mayor presencia de las personas utilizando las redes del sistema financiero, en lugar de usar la economía informal, debido a que esto puede ser un riesgo”.

Afirmó que lo anterior está relacionado con el flujo de efectivo en pesos. El Banco de México ha reportado un aumento gradual del número de dinero en efectivo que está circulando, lo cual ha sido analizado por académicos quienes subrayan que parte del recurso va a campañas electorales.

De igual modo, expuso, el circulante está relacionado con la corrupción y la generación de empresas fachada. “Este flujo es un riesgo en temas de lavado de dinero; sin embargo, en dólares ha disminuido, a partir de las reformas normativas para impedir y establecer topes de flujo. Lo que se busca es generar una Estrategia Nacional Antilavado, la cual parta de lo que esta Cámara de Diputados determine en las normas específicas”.

Hasta el momento hay 133 acuerdos de bloqueo, en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Los montos de forma directa ascienden a cuatro mil 347 millones de pesos e indirecta, a 685 millones 855 mil 174. En el caso de los dólares se habla de más de 49 millones que se encuentran bloqueados.

En ese sentido, pugnó por adicionar un artículo 116 bis a la Ley de Instituciones de Crédito, que permita establecer el procedimiento y la garantía de audiencia ante los bloqueos de cuentas. “Es una de las principales herramientas para cambiar la mecánica de combate a la delincuencia organizada para que ese dinero no siga lesionando el sistema financiero y la economía nacional, así como la seguridad de las y los ciudadanos”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó que en México se han tenido casos donde se han bloqueado a tratantes, y los jueces les han concedido los amparos. “Ese tipo de cosas, es lo que podemos impedir sí esta Cámara aprueba la modificación legislativa”.

Respecto del número de denuncias, añadió que hay 127, incluyendo a 39 servidores públicos. El monto en las operaciones denunciadas de depósitos en moneda nacional es de 179 mil 205 millones de pesos; en retiros, de 142 mil 450 millones de pesos y, en dólares, se habla de mil 525 millones en depósitos y mil 739 millones de dólares en retiros.

También planteó que los fideicomisos sean considerados una actividad vulnerable, “la idea es hacer una revisión sobre los líderes sindicales por las tipologías que se han encontrado en el país y que han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República”.

La secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputada Ximena Puente De La Mora (PRI), afirmó que para hacer un combate frontal a la corrupción, es primordial que se aborde desde un ámbito transversal; es decir, en todos los aspectos y actividades de los tres órdenes de gobierno.

Se pronunció porque la importancia de la transparencia y el impacto de la corrupción sean difundidos desde el ámbito educativo, por lo que este tipo de encuentros donde participan autoridades federales, especialistas y diputados, servirán como eje para crear políticas públicas eficaces.

“Esta legislatura no sólo debe quedar en la historia como aquella, donde se obtuvo la paridad entre hombres y mujeres, sino en la que se logró generar los resultados que la ciudadanía demanda en materia de Transparencia y Anticorrupción”.

Reconoció la apertura del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Cámara de Diputados, para compartir las acciones que lleva a cabo; pues esto permitirá construir las acciones legislativas oportunas en la materia.

David Enrique Merino Téllez, coordinador del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, expuso que los especialistas que integran esta mesa de análisis buscan ser el apoyo técnico y académico que represente a la sociedad civil ante la Comisión para coadyuvar en la conformación del marco jurídico eficaz y eficiente para transparencia y anticorrupción.

Apuntó que dentro de sus objetivos está el proponer para perfeccionar las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Por otra parte, se estudia el impacto en materia de corrupción e integridad de esquemas de simulación en prestación de servicios y administración de capital humano; además, de la armonización de la legislación en materia de prevención de lavado de dinero.

En la reunión, los integrantes de este grupo de investigación constituido en diciembre del 2018, solicitaron al funcionario que en las acciones para detectar las prácticas anormales como el lavado de dinero, las sociedades civiles no terminen padeciendo la sobrerregulación, pero que sí se proteja para que ningún ente ilícito intente hacerse pasar por una.

También, solicitaron que se escuche a los expertos en el ámbito, a fin de lograr construir un mecanismo eficaz a favor de la transparencia.