Por: Redacción/

Las instituciones de educación superior –que resaltan la importancia de forjar ciudadanos que cuestionen y exijan el ejercicio responsable y transparente del poder político– deben promover una cultura y mayores circuitos de actuación entre los jóvenes, coincidieron hoy especialistas en el Cuarto Foro Regional sobre Derechos Políticos, Participación Ciudadana y Denuncia de Delitos Electorales.

En la inauguración del encuentro –realizado en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– el doctor Óscar Comas Rodríguez, coordinador general de Información Institucional, destacó que un proceso de divulgación planteado por las escuelas para el ejercicio y la protección de los derechos políticos aportaría elementos al gran esfuerzo social por ejercer el derecho al voto.

Este ejercicio ratifica el papel de las universidades no sólo como formadoras de profesionales y generadoras de conocimiento, sino como polos culturales que, por su naturaleza humanista, diseminan principios de equidad, conductas cívicas y prácticas democráticas al resto de la sociedad.

En representación del doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, Comas Rodríguez destacó que la celebración de este Foro representa una práctica de alcance nacional que es posible gracias a la voluntad compartida de instituciones fundamentales en el desarrollo de México.

La maestra Yolanda Legorreta Carranza, directora general de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), dijo que las universidades han exaltado la importancia de forjar ciudadanos informados, que exijan la acción responsable y transparente del poder político y propongan vías para que el país transite hacia niveles superiores de bienestar.

La ex abogada general de la Casa abierta al tiempo consideró que este Foro –organizado por la UAM, la ANUIES, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE)– busca promover la participación de los jóvenes estudiantes en el debate de la agenda nacional, con el fin de que sean los principales observadores del desempeño de las instancias responsables de salvaguardar las normas y fortalecer el estado de derecho y la civilidad democrática.

La maestra Alma Gabriela Nery Pego, directora general adjunta de política criminal y vinculación en materia de delitos electorales, en representación del titular de la Fepade, expuso que este año tendrán lugar los comicios más complejos en la historia de México, ya que estarán en disputa 18 mil 311 cargos federales y locales, y se acompaña además de nuevas normas electorales.

“Tenemos el mandato y el compromiso de lograr que se realicen en paz social, civilidad política y orden institucional, bajo el vértice del apego a la legalidad”.

En la primera mesa del Foro, dedicada a los derechos políticos y su promoción desde los derechos de educación superior, el doctor Gustavo Urbina Cortés, investigador de El Colegio de México, dijo que uno de los grandes desafíos que tienen las universidades frente a la promoción democrática y desarrollo de la ciudadanía tiene que ver con atajar la desigualdad, a la que no escapan los universitarios.

El académico indicó que aquélla es uno de los grandes obstáculos para la promoción de la participación política y mostró algunos resultados de un ejercicio realizado entre 2013 y 2014 que consistió en entrevistas a mil 336 estudiantes, 462 de ellos de una universidades de coste intermedio, 501 de una pública de gran tradición y 373 de una institución de alto costo.

El ejercicio se llevó a cabo para evaluar cuándo y con qué frecuencia “se activan políticamente” los jóvenes en su tránsito a la vida adulta y particularmente situados en un proceso de formación universitaria; “hasta antes de la entrevista 46 por ciento dijo no haber participado en política contra 53 por ciento que afirmó haberlo hecho”.

Pese a estos porcentajes de participación, aproximadamente 60 por ciento desconocía cuál es el número de diputados federales y el mismo porcentaje quién era el titular de la Secretaría de Gobernación; 56 por ciento no sabía cuál es el artículo constitucional que consagra el derecho al trabajo digno; 47 por ciento no supo el año en que tuvo lugar el levantamiento zapatista y casi 60 por ciento desconocía el nombre del consejero presidente del INE.

Saber sobre estos elementos no significa que la gente sea más participativa, pero es uno de los grandes escollos “que tenemos que pensar en términos de promover una mayor participación, así como elevar el grado de calidad con el cual queremos que se expresen nuestros y nuestras jóvenes”.

Las IES no sólo tendrían que promover una cultura y mayores circuitos de activación sino también un mayor sentido de eficacia política entre los jóvenes, en el sentido “de entender que participar sirve para algo”, añadió.

El doctor Rogelio Rueda de León, director general adjunto de Dictámenes y Servicios legales de la Fepade, dijo que existen alrededor de 600 conductas ilícitas que pueden ser consideradas como delitos electorales, entre las cuales destacan el uso de bienes o servicios públicos y utilizar dinero ilícito para la campaña, condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales, comprar o coaccionar el voto en servidores públicos, intimidar durante la jornada electoral, rebasar los montos legales, destruir o dañar material electoral, publicar encuestas fuera de tiempo y alterar los datos de la credencial para votar.

El funcionario comentó que este primero de julio podrán ejercer su voto por primera vez alrededor de cuatro millones de jóvenes, por lo que invitó a los universitarios a ejercer sus derechos políticos y a que si identifican una conducta ilícita en materia electoral, la denuncien.