• La reforma constitucional de derechos humanos del 2011 consistió en la modificación de 10 artículos de las Constitución Política de México para que los derechos primordiales abarcaran todos los contenidos de la carta magna.

Por: Oscar Nogueda/

A 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, las Universidades Jesuitas manifestaron su preocupación por la implementación de reformas legales contrarias a los derechos humanos  y el uso de estrategias legales para el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano.

A pesar de reconocer los avances  legislativos y en la interpretación judicial de los derechos humanos, destacaron la existencia de factores que afectan la reforma constitucional del 2011, tales como la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR), el PIN parental, la exclusión de los derechos de las mujeres y  la extensión temporal del uso de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública.

“Preocupa algunas acciones de la CNDH  que denotaron poca independencia del Poder Ejecutivo Federal, así como la reducción de presupuestos en fondos y fideicomisos  que tienen un impacto en temas de derechos humanos como lo referente a las víctimas, a personas defensoras, periodistas y mujeres. Rechazamos el uso de artilugios legales por parte de diversas autoridades para  incumplir sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”, sentenciaron las universidades.

La reforma constitucional de derechos humanos del 2011 consistió en la modificación de 10 artículos de las Constitución Política de México para que los derechos primordiales abarcaran todos los contenidos de la carta magna.

Una de las modificaciones fue reafirmar la importancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos  firmados por México, así como la inclusión de métodos para su interpretación, principios y obligaciones con ellos.

Asimismo, se incluyeron los derechos humanos como uno de los objetivos de la educación, del sistema penitenciario y de la política exterior. Además, se consideran criterios estrictos para la suspensión de garantías. También, faculta a la CNDH investigar las violaciones a los derechos  humanos, amplía sus facultades y reconoce su autonomía.

Por último, las Universidades llamaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a reforzar su compromiso con los derechos humanos para que esta reforma sea una realidad en el país.