Por: Redacción/ONU

Una investigación de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo concluyó este martes que una serie de ataques acontecidos entre el 16 y el 18 de diciembre del año pasado en cuatro localidades del país pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

La Oficina de la ONU en el país africano actuó tras las denuncias de que unas 890 personas fueron asesinadas y miles fueron desplazadas debido a enfrentamientos entre las comunidades Banunu y Batende, en el territorio de Yumbi, situado en la provincia de Mai-Ndombe, al oeste del país.

El equipo encargado de la investigación ratificó que en las ciudades de Yumbi, Bongende y Nkolo II fallecieron por lo menos 535 hombres, mujeres y niños y 111 resultaron heridos. Sin embargo, la Oficina cree que estas cifras pueden ser más elevadas debido a la sospecha que se arrojó un número indeterminado de cadáveres al río Congo.

Del mismo modo, tampoco fue posible determinar el número exacto de personas desaparecidas, aunque se calcula que debido a los actos de violencia se desplazaron unas 19.000, y que 16.000 de ellas atravesaron el río para llegar a la República Democrática del Congo.

El personal de la misión no consiguió llegar a un cuarto emplazamiento, el campamento Nbanzi, donde también se reportaron ataques.

Violaciones y asesinatos de niños

La investigación determinó que los ataques, liderados por los pobladores de la comunidad Batende sobre los de la Baunu, fueron desencadenados por una disputa por el entierro de un jefe de esta última comunidad. Los asaltos se caracterizaron por su extrema violencia y rapidez, lo que dejó poco margen de maniobra para que la gente pudiera escapar.

El informe describe horrores como la violación de una mujer tras el asesinato de su hijo de tres años y el de su marido, o el lanzamiento de una niña de dos años a una fosa séptica.

De acuerdo al testimonio de testigos, en algunos casos se les preguntó a las víctimas si pertenecían a la comunidad Baunu antes de asesinarlos.

“La similitud del modo en que se perpetraron los ataques indica una consulta y organización previas”, señala el informe. “Varias fuentes citaron que algunos jefes de aldeas de mayoría Batende participaron en la planificación de los ataques.”

La pesquisa concluye que los crímenes documentados en Yumbi pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad por asesinatos, tortura, violencia sexual y persecución.

Igualmente, destaca que la violencia “se vio facilitada por la falta de acción del Estado para prevenirla” y destaca el fracaso de las autoridades provinciales que eran los responsables de proteger a la población.

El informe advierte sobre el riesgo de que se reproduzca la violencia, motivo por el cual la representante especial del Secretario General de la ONU en el país, Leila Zerrougui, pidió medidas urgentes para restablecer la autoridad estatal en el territorio de Yumbi y crear las condiciones para el regreso seguro y voluntario de los desplazados.

Crímenes en Sudán del Sur

Por su parte, la Comisión sobre los derechos humanos en Sudán del Sur identificó a 23 personas que ostentaron el mando o fueron altos cargos responsables de cometer de graves delitos, en virtud del derecho penal internacional, relacionados con el conflicto que se inició el año 2013 y sigue activo en esa nación africana.

Durante la presentación de su informe al Consejo de Derechos Humanos, la presidenta de la Comisión, Yasmin Sooka, indicó que estas personas, junto a los presuntos autores previamente identificados, podrían ser juzgados en tribunales de todo el mundo, no sólo en los de Sudán del Sur.

“Hemos tipificado estos crímenes de múltiples modos para permitir que los futuros procesos se conduzcan en jurisdicciones dentro y fuera de Sudán del Sur”, explicó.

La actuación permite los juicios por crímenes de guerra y de lesa humanidad en los Estados que forman parte de tratados relativos a la tortura, desapariciones forzadas y ataques contra el personal de la ONU.

En su tercer informe al Consejo, la Comisión indicó que, si bien la firma del Acuerdo para la solución del conflicto en la República de Sudán del Sur en septiembre de 2018 ha mejorado la situación general en términos de seguridad, paz y economía, el escenario en la parte sur del país continúa extremadamente inestable, debido a los enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno y el Frente de Salvación Nacional (NAS), que no firmó el Acuerdo.

El reporte se centró en los incidentes ocurridos entre mayo y junio de 2018 en los Estados de Unity, Bahr el Ghazal occidental y Equatoria central, y llegó a la conclusión de que los incidentes reportados podían constituir violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario.

En concreto, la Comisión documentó violencia sexual, como violaciones, incluidas las grupales, esclavitud sexual, secuestros, matrimonios forzados, embarazos forzados, abortos forzados y la mutilación de órganos sexuales, y asesinatos, perpetrados por las fuerzas gubernamentales y de los miembros de la oposición.

Además, observó un aumento de las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones y las desapariciones forzadas.