Por: Redacción

La Corte Constitucional de Colombia despejó las dudas sobre el plebiscito como mecanismo de refrendación popular de los acuerdos que firmarán el gobierno y las guerrillas de las FARC, al considerar que es un mecanismo apegado a la Constitución.

De esta manera, 17 millones de colombianos habilitados para votar deberán responder con un sí o un no a una pregunta que sólo se conocerá una vez que se firmen los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El plebiscito tiene una trascendencia política e histórica para este país sudamericano que se jugará en las urnas su futuro con una simple palabra sí o no.

El triunfo del sí le dará validez constitucional a los acuerdos pactados entre el gobierno y las FARC para silenciar los fusiles tras 52 años de confrontación armada y pondría al país en la ruta de construir una paz duradera, sostenible y con justicia social.

El triunfo del no, en palabras del propio presidente de la República, Juan Manuel Santos: Será seguir en guerra, en un país que ha vivido en estado de violencia durante los 206 años de su vida republicana.

La iniciativa aprobada por el Congreso de Colombia, con el apoyo del gobierno, abre las compuertas para dar inicio a las respectivas campañas políticas por el si o por el no a los acuerdos de paz.

Los magistrados de la Corte Constitucional declararon exequible, es decir, con apego a la Constitución, la iniciativa de plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, con siete votos a favor y dos en contra, después de nueve horas de debate de las diferentes tesis jurídicas.

Según la Constitución de 1991, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.

La Corte Constitucional, como máximo tribunal, tiene como una de sus misiones revisar las iniciativas de convocatorias a referendo, plebiscito y Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de fallar a favor o en contra de dichas propuestas.

Desde el momento en el que anunció el inicio de los diálogos de paz con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el primer semestre de 2012, Santos fue categórico al asegurar que el Acuerdo Final tenía que ser aprobado por el pueblo.

Las FARC se inclinaron más por una Asamblea Nacional Constituyente, pero el pasado 23 de junio las partes en la Mesa de Negociación en La Habana, acordaron aceptar la decisión de la Corte Constitucional sobre el tema de la refrendación.

La Constitución colombiana establece que un plebiscito requiere para su valides al menos 50 por ciento del padrón electoral. Para el caso de la refrendación de los acuerdos de paz, el sí debe ser mayor al 13 por ciento, es decir, 4.5 millones de votos favorables.

El Congreso redujo el umbral en más de 12 millones de votos, para evitar que la abstención se convierta en una seria dificultad del mecanismo del plebiscito, lo que fue avalado por la Corte Constitucional.

Con el fallo de exequibilidad al plebiscito de la Corte Constitucional, a partir de este martes todos los sectores políticos y sociales que apoyan los diálogos de paz, anunciaron campañas por el sí a la paz y el no a la guerra.

Por ejemplo, el senador de izquierda Iván Cepeda Castro, hijo de un dirigente comunista que fue asesinado durante el exterminio del movimiento político Unión Patriótica, se declaró desde ya en campaña por el sí a los acuerdos de paz.

“Los colombianos -dijo Cepeda- podrán expresar en las urnas que sí quieren un futuro diferente y que le dan al país una oportunidad de reconciliarse después de décadas de guerra”.

Para el congresista, es necesario buscar una participación masiva en la consulta y derrotar la abstención que es “la peor de las formas de manifestar la inconformidad”.

Por su parte, el congresista oficialista Roy Barreras destacó que es el primer proceso de paz en Colombia, en el que “se le consulta a los ciudadanos. Otros presidentes nunca nos preguntaron si estábamos de acuerdo”.

Barreras hizo con ello referencia a los acuerdos de paz que se firmaron con otros grupos insurgentes entre 1989 y 1991 y el pacto de desmovilización con los ultraderechistas grupos paramilitares en el gobierno de Alvaro Uribe Vélez.