Por: Redacción/

La diputada Evelyn Parra Álvarez (PRD), secretaria de la Comisión de la Ciudad de México, afirmó que un país que realmente quiere ser democrático y avanzar no puede permitir que las mujeres, más de la mitad de su población, sufra discriminación y violencia laboral.

En el Primer Foro “Rumbo a una Vida Libre de Violencia Laboral hacia las Mujeres y Avances en la Impartición de Justicia”, sostuvo que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben coordinar acciones en favor de las causas de las mujeres para frenar y erradicar la violencia de todo tipo, a través de reformas y marcos jurídicos que se apliquen en la realidad en favor de esta población.

La legisladora, también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, refirió la falta de voluntad política para discutir y aprobar iniciativas vinculadas a temas como la justicia para las mujeres, que identifique cómo se van a abordar los feminicidios y qué se está haciendo para atenderlos y resolverlos.

“¿Qué sucede con la Alerta de Género? ¿Por qué no se determina? Y ¿por qué tiene que pasar un año para establecerla? Cuando tiene que ser en treinta días”, cuestionó.

Planteó la relevancia de estos asuntos, sin embargo, “se descartan porque simplemente para muchos hombres no son temas prioritarios los problemas de las mujeres”, así como la dificultad a acceder a presupuesto para atenderlos.

Señaló que a la Comisión de Igualdad de Género llegan muchas iniciativas para evaluarlas y discutirlas, no obstante, el 80 por ciento no se resuelven, quedan pendientes, no se analizan y se desechan. Por ello, convocó a que en el ámbito legislativo se refuercen los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad.

Comentó que las jóvenes que buscan un empleo son víctimas de discriminación laboral porque se les cuestiona su edad, estatura, color de piel, si tienen hijos e incluso si tienen novio, para que sean consideradas como candidatas a un puesto, lo cual no debe permitirse, debido a que la Constitución marca que todos los ciudadanos son iguales y tienen los mismos derechos.

En el primer panel “Avances en la impartición de justicia laboral y alternativas para mejorarla”, Julio César Moreno Rivera, diputado Constituyente, afirmó que la Carta Magna de la Ciudad de México es progresista y de vanguardia al incluir los derechos laborales de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia, enfoque transversal que entrelaza ambos preceptos, para garantizar respeto a su integridad física y psicológica, y reconocer la valía de su participación en la vida capitalina.

Destacó que el derecho humano de esta población al trabajo digno se priorizó para tutelarlo en todas las políticas públicas, a fin de acceder a un mejor salario, evitar la discriminación, alentar la inclusión y la accesibilidad, así como la protección eficaz ante riesgo de trabajo.

Resaltó la importancia del Seguro del Desempleo, plasmado en la Constitución capitalina y que representa uno de los pilares en apoyo a los trabajadores, en particular a las mujeres; así como la inclusión de las trabajadoras del hogar, de los cuidadores de enfermos y personas en condiciones vulnerables.

Al participar, el procurador de la Defensa del Trabajo de la CDMX, Francisco Carlos de la Torre López, aseguró que uno de los objetivos es priorizar el acceso de las mujeres a la justicia laboral de forma gratuita, ya que el 10.6 por ciento de las que solicitan orientación son jefas de familia. El 42 por ciento de las asesorías que ofrece la institución son solicitadas por esta población ante un despido injustificado, precisó.

Señaló que las denuncias más comunes atendidas durante las asesorías, son despido injustificado en el 60.4 por ciento de los casos; retención o descuento injustificado del salario, 17 por ciento; falta de otorgamiento o pago de prestaciones, 15.2 por ciento; poco o nulo pago de utilidades, 1.8 por ciento y despido por embarazo, discriminación, violencia u hostigamiento laboral, 5.6 por ciento.

Sostuvo que “el Estado tiene la obligación de actuar con perspectiva de género, partiendo del reconocimiento de los derechos de las mujeres, lo cual implica eliminar todas las barreras y obstáculos para que ellas y hombres accedan a la justicia laboral en condiciones de igualdad tanto por la vía conciliatoria, como en los procedimientos judiciales”.

Rebeca Florentina Pujol, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, aseveró que no hay programas ni políticas públicas en ninguno de los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal- para apoyar y acompañar a las mujeres víctimas de acoso laboral u hostigamiento sexual.

Los jefes, en su mayoría varones, permiten en un primer momento que las trabajadoras acudan a las audiencias cuando denuncian delitos de violencia familiar; sin embargo, con la idea de recuperar el tiempo, les dan una excesiva carga de trabajo, lo cual se convierte en acoso laboral y provoca en las trabajadoras depresión y ansiedad.

Propuso atender la violencia contra la mujer de forma integral, por requerir de acompañamiento y que se visibilice el acoso laboral, el cual “no debe permitirse y debe denunciarse”.

Subrayó que ningún ámbito laboral está exento de prácticas de acoso; en el Poder Judicial se registran situaciones de esta índole, porque prevalece el machismo de jueces. Insistió en la necesidad de capacitar a todos los trabajadores para evitar la incidencia de este tipo de conductas.

Carolina Ortiz Porras, presidenta de la Junta Especial 20 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, apuntó que existen muchas normas jurídicas que deberían proteger a las trabajadoras, pero en la práctica, la igualdad y el respeto a sus derechos no es real; aunque hay avances, como la reducción de cuatro años a cuatro meses en la resolución de denuncias a través de los juicios orales.

Sostuvo que el acoso laboral es un problema que “debe visibilizarse, debe decirse y denunciarse”, sólo así se podrá frenar la desigualdad e injusticia en el ámbito laboral, alentada por la discriminación.

Andrés Ángel Aguilera Martínez, representante del Tribunal Administrativo, resaltó la importancia de establecer protocolos de equidad de género en el Poder Judicial, debido a que la violencia en contra de las mujeres no debe formalizarse y se requieren acciones concretas para acceder a la equidad.

La violencia laboral en contra de las mujeres es una práctica generalizada que se ha aceptado como parte de una realidad, pero “no lo podemos permitir, cuando nos calificamos como una sociedad progresista y de vanguardia. Seamos conscientes en que la violencia jamás podrá ser normal ni se puede seguir tolerando”.

Teófilo Benítez Granados, rector del Centro de Estudios Superiores y Ciencias Criminológicas indicó la necesidad de que los empresarios cambien el enfoque sobre las trabajadoras, para que comprendan que a diferencia de los hombres, ellas tienen otras necesidades, al recaer en su mayoría, toda la responsabilidad para atender a los hijos.

En el segundo panel “Alternativas y acciones para erradicar la violencia laboral hacia las mujeres”, la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García Medina, manifestó la necesidad de que el Legislativo genere una reforma que permita dejar de ver a las trabajadoras domésticas como si tuvieran un empleo distinto.

“Es un sector al que no se le respetan sus derechos y con una pequeña modificación a la norma se lograrían cambios sustantivos para todas esas mujeres”, comentó.

Otro tema relevante, expuso, es erradicar la violencia laboral, una práctica muy extendida en la que en 91 por ciento de los casos no se presenta ninguna denuncia; por ello, es fundamental contar con instrumentos que permitan aminorar esas prácticas.

Consideró que se requieren herramientas para acabar con ese tipo de agresiones y que no sea visto como algo “natural” porque no lo es. “El respeto a los derechos de todas las personas debe estar siempre por delante”.

En la Ciudad de México, agregó, se cuenta con protocolos para proteger a sectores vulnerables como mujeres trabajadoras, población originaria y comunidad LGBTI.

La subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Ciudad de México, María de los Ángeles López Peña, expresó que no ha logrado visibilizar la trata de personas con fines de explotación laboral, pues “se ha normalizado el tener una trabajadora doméstica que inicie su jornada a partir de las 5 de la mañana, sin descanso, ni alimentos ni condiciones y con un trato indigno”.

Y no se ha visibilizado este delito, continuó, porque ha sido rebasado por el de explotación sexual. “Las autoridades nos hemos abocado a darle a éste una mayor visión y mejor atención, ya que es el que más víctimas atiende y tiene; sin embargo, no podemos dejar de lado a la trata laboral”.

Desde 2016, en esta procuraduría se le ha dado atención, pero a la fecha solo se ha atendido cinco casos en el Refugio Especializado para Mujeres Víctimas de Trata de Personas. “Son pocos, nos corresponde a todos denunciar este delito; hay que identificar cuando alguien está ejerciendo violencia extrema y comete un hecho delictuoso”.

Afirmó que esta explotación laboral no sólo se reduce a las empleadas domésticas, sino que también son objeto de ella las mujeres del campo y las indígenas, quienes por desconocimiento no exigen sus derechos.

“Parece que es una población que no tiene ni voz ni voto, porque está siendo segregada y no se identifican como víctimas de un delito”.

López Peña puntualizó que estos foros ayudan a ubicar estos casos y hacer conciencia, sobre todo cuando hay un marco normativo extenso, que muchas veces no se conoce o mucho menos los programas y acciones del gobierno para atenderlos”.

Marcelina Bautista Bautista, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, señaló que ellas también sufren violencia sexual, psicológica, laboral y económica en su trabajo, pero muchas veces “nos callamos porque nadie va a hacer nada”. Además, continuó, en México hay trabajadoras que ganan dos salarios mínimos al día y no tienen horario y “el chantaje de las empleadoras las detiene para pedir un aumento salarial”.

Enfatizó que el 99 por ciento de las trabajadoras del hogar no cuentan con contrato por escrito. Por ello, dijo, “queremos salir de la discriminación hacia la igualdad y de este trabajo no reconocido a uno digno, ya que no se cuenta con todas las prestaciones establecidas en las leyes. Reconoció que en la Constitución de la Ciudad de México se haya incluido a las trabajadoras del hogar.

En su oportunidad, la oficial de Asuntos Sociales en la sede subregional de la CEPAL en México, Ángeles Arcos, dijo que por su complejidad la situación de las trabajadoras del hogar requiere del esfuerzo de actores, instituciones y cambios legislativos puntuales.

Subrayó que el trabajo doméstico remunerado es fundamental para la sociedad y estratégico para las familias, pero ha sido estigmatizado y subvalorado al punto de que no está formalizado. “Se le remunera de forma muy arbitraria y está en total desprotección frente a riesgos de la salud, limpieza y enfermedades”.

Por lo anterior, agregó que elaboran un proyecto de Acuerdo para formalizar esa relación laboral, porque “sabemos que es prácticamente inexistente el porcentaje de las trabajadoras del hogar que cuentan con un documento que las avale”.

Dicho Acuerdo establecerá el costo de las jornadas que realizan, derechos, obligaciones y condiciones laborales. “Este acuerdo definirá qué es el trabajo laboral y qué partes intervienen, la modalidad, si es de planta o de salida, si es de agenda, horas extras, descansos, seguridad social, nombre, nacionalidad, estado civil, domicilio, CURP y duración”.

Asimismo, añadió, delimitará responsabilidades, tareas, actividades, prestaciones, prima vacacional, aguinaldo, así como qué se hacer en casos imprevistos como enfermedad o muerte, qué hacer cuando termine el acuerdo, el finiquito e indemnización”.

Con el fin de proporcionar un entorno laboral digno, seguro y libre de violencia, ambas partes deben respetar el contrato firmado. “Tenemos que dejar de mirar a esta actividad como un trabajo, dejar de considerarlo como una ayuda basada en buena voluntad de las partes, para plantearlo en términos de derechos y obligaciones”.