Por María Manuela de la Rosa Aguilar

Nunca antes en México se había vivido tal crisis de seguridad como en lo que va de la última década y sobre todo durante el gobierno  del presidente Andrés Manuel López Obrador; la situación, lejos de ofrecer una solución siquiera moderada, ha aumentado, pues cada 15 minutos se comete un asesinato, esto es, 100 homicidios por día, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Geografía e Historia (INEGI), tomada de las carpetas de investigación  del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la generada por las oficinas del Registro Civil,  los registros correspondientes al mismo rubro de la Secretaría de Salud, así como los datos generados por los Servicios Médicos Forenses (SEMEFOS) de las 32 entidades federativas, según lo señaló la organización México Social, que desde el 2019 hizo un análisis detallado sobre homicidios dolosos que superaron los 2,900 homicidios por mes y hacen hincapié en que a la par con esta violencia se agudizaron la violencia contra las mujeres y los niños, fenómeno característico de un estado en guerra, como por ejemplo en Siria, en donde según datos de la ONU, se registra un promedio de 112 asesinatos al día; pero, muchos menos han muerto en Ucrania en lo que va de casi dos años de guerra, donde  han perecido 9,900 personas hasta el  pasado 2 de noviembre, que son en promedio 14 muertos al día, cifra que nos da una clara idea de la magnitud del problema de inseguridad que enfrenta México.

Por eso, con toda razón, la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, pidió al presidente de México desde diciembre del 2019 que rectificara su estrategia de seguridad, lo cual no ha sucedido y en esta última parte de su gestión, López Obrador continúa actuando como desde el principio, haciendo caso omiso a toda sugerencia para corregir el rumbo.

Siendo López Obrador un férreo crítico de las fuerzas armadas mexicanas, a quienes sistemáticamente atacó por décadas y mostró una peculiar animadversión y habiendo prometido en su campaña que mandaría a los militares a sus cuarteles, cuando fuera presidente, irónicamente hizo todo lo contrario y hoy se desvive en halagos para los militares posesión.  Sus asesores fueron totalmente honestos al señalarle que el sistema de seguridad estaba en ruinas y ese era tal vez su mayor desafío, ya que la policía estaba infiltrada por los grupos criminales y el país era prácticamente un panteón por las decenas de miles de desaparecidos, lejos de hacer caso a sus asesores y cumplir su palabra, incrementó la presencia del ejército en las calles, lo mismo que hicieron sus predecesores, estrategia que no ha funcionado en absoluto.

Durante la gestión de Alfonso Durazo, su secretario de seguridad pública desde el inicio de su administración, se registraron 65,574 asesinatos, con lo que la llamada “Cuarta Transformación” se perfiló como la etapa más sangrienta de México en tiempos de paz. Y en lugar de llamarlo a cuentas y pedirle la renuncia inmediata, López Orador premió su incompetencia con una gubernatura. Y si en el inicio de su gobierno, en palabras de Morera, se vivía la peor crisis de seguridad en el país, hoy, cinco años después, la cifra de muertos se incrementa cada día y el jefe del ejecutivo permanece inmutable e indiferente ante el dolor humano que ha representado este altísimo nivel de violencia, en gran medida por el nivel de impunidad que se vive y por la ineficacia de su estrategia permisiva cuyo slogan favorito de “abrazos, no balazos” con los delincuentes, sigue firme y más vigente que nunca.

La ironía, o digámoslo mejor, la doble moral es lo que ha caracterizado a este gobierno que tiene al país sumido en la incertidumbre y una total vulnerabilidad ante los delincuentes. Durazo es un caso representativo; renunció a su cargo días antes de haber sido citado para comparecer ante el Senado de la República y sin el mínimo rubor por esto, mandó agradecer a la Mesa Directiva de la Justa de Coordinación Política, pero él ya se iba, así de claro y evasivo el también senador con licencia, para no dar cuentas de su incompetencia, a quien el presidente López Obrador premió con la gubernatura de Sonora.

En octubre del 2020 el jefe del ejecutivo, durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Bavispe, Sonora, no sólo elogio la “labor” de Alfonso Durazo durante su gestión como secretario de seguridad pública, sino que lo llenó de elogios, definiéndolo como un servidor público comprometido, de primer nivel, profesional y persona honesta: “él es el que coordina el gabinete de seguridad, aunque yo estoy ahí todas las mañanas, yo estoy recibiendo el informe y quien coordina todas las secretarías es Alfonso Durazo”, aseveración que hizo el 2 de junio del 2021.

De acuerdo a datos proporcionados por el mismo SESNSP, durante el presente sexenio se han registrado 171,085 asesinatos, de los que 4,892 son feminicidios. Con Felipe Calderón Hinojosa fueron 121,613 y con Enrique Peña Nieto hubo 157,158 muertes con violencia; así que los niveles de violencia han ido aumentando de manera alarmante en estos 18 años de alternancia política, por lo que ninguno de los últimos gobiernos ha sido capaz de ofrecer seguridad a la población.

Pero los datos varían, el 6 de junio del año pasado, en su conferencia matutina el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su sexenio registra el número de homicidios más alto de las últimas dos décadas, pero aún siendo esta información verdadera, presentó cifras imprecisas menores al número real. El hecho es que se dijo que los asesinatos ascienden a 192,811 desde que llegó a la presidencia y hasta el mes de abril del 2023, de acuerdo a datos del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y sí, son cifras oficiales, ¿cómo difieren de tal manera?, ¡disminuyeron para diciembre del 2023!, ¿estamos ante la manipulación de los datos por parte del gobierno? Lógicamente el número de muertos no pueden disminuir en 8 meses, sino aumentar. 

Y si nos parece que este número de muertos es alarmante, la realidad es mucho más impactante, si tomamos en cuenta que el 93% de los delitos no se denuncian, según estimaciones del INEGI, lo que nos hace pensar en la verdadera magnitud de este problema de inseguridad que vive la población mexicana.

Desde esta perspectiva, entonces podemos calcular el número real se asesinatos en México: 1’930,000, una cifra escandalosa y que debería llamar a la reflexión sobre todo a los gobiernos estatales y el federal, pues tal cantidad de muertes representa una verdadera masacre y no se justifica en los discursos al informar que se ha tratado de enfrentamientos entre bandas rivales, porque esa ha sido la justificación preferida por los líderes políticos. Y sin embargo AMLO niega esta realidad y responsabiliza a los que llama “conservadores y neoliberales” de hacer una campaña perversa y de malas entrañas” para decir lo contrario, declaraciones vertidas el 25 de julio del 2023.

Una clave para analizar el número de tantas muertes violentas está en las estadísticas poblacionales. En 1980 la población mexicana sumaba 69’346,900, con una proyección de crecimiento para 1982 del 2.5%.

De 1980 al 2005 la tasa de crecimiento disminuyó de 2.5% a 0.9%. Y para el 2005 la población era de 103.9 millones.

En el 2010 la tasa de crecimiento poblacional fue de 1.16%; para el 2015 disminuyó a 1.13%, pero la tasa se reduce notablemente a partir del 2017 a 0.95% y ya para el 2021 la reducción llega a 0.55%.

¿Las causas? Las vemos a diario: asesinatos, desapariciones, muertes por enfermedades y el COVID-19 debido a una pésima gestión pública de los servicios de salud. Las cifras son evidentes.