Por: Aldo Herrera
La utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha sido una de las decisiones políticas más perjudiciales de los últimos tiempos, y reglamentar dichas actividades sería un error mayor porque el enfoque militar en materia de seguridad, además de seguir fracasando en la lucha contra la delincuencia, incrementará las violaciones a los derechos humanos, retrasará el fortalecimiento institucional de las corporaciones civiles; y terminará por erosionar la imagen y la credibilidad de la institución castrense, afirmó la senadora Angélica de la Peña.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República recordó que el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, concluyó que la presencia de militares mexicanos en tareas de seguridad pública representa un riesgo para los ciudadanos porque fomenta violaciones a los derechos humanos.
Por esa razón, al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator señaló que “es urgente que las autoridades mexicanas cambien su estrategia de combate a la delincuencia y comiencen a retirar al Ejército y a la Marina de esas labores”.
La legisladora del PRD señaló que: “el caso Tlataya nos ha dejado una gran lección y es nuestra responsabilidad convertir ese lamentable episodio en una oportunidad para corregir el rumbo y garantizar que hechos como esos no se vuelvan a repetir; y el primer paso es reconocer que los problemas de derechos humanos y de seguridad no son temas diferentes, sino dos variables de un mismo fenómeno que deben ser atendidas de manera integral desde el enfoque de la seguridad humana.”
En este sentido, explicó de la Peña, el Congreso de la Unión debe legislar para regular el uso legítimo de la fuerza pública y recuperar la legalidad en todos los espacios del territorio mexicano, “debemos concluir el proceso de fortalecimiento institucional que nos permita contar con cuerpos policiacos y mandos civiles, confiables y capacitados, con controles internos y protocolos de rotación, para hacer frente al reto de proveer seguridad y certeza a la sociedad”, añadió.
La solución de fondo es diseñar y ejecutar una estrategia integral que permita regresar de manera paulatina al Ejército a sus cuarteles y fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano; el papel de las fuerzas armadas está definido por la Constitución, y lo que habremos de discutir en los próximos meses es, precisamente, el rol que le corresponde a las fuerzas armadas dentro de un Estado democrático de derechos, puntualizó la senadora Angélica de la Peña.
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