Por: Redacción/
Si bien el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es reconocido en todo el mundo, su funcionamiento se ha enfrentado a grandes obstáculos, mismos que se materializan en los altos costos que genera la corrupción en todo el país, y un ejemplo de ello es la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al aprobar la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón a la Presidencia de la República, aseveró el diputado Jesús Valencia Guzmán.
El Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción calificó como un acto de corrupción el aval otorgado por los magistrados del TEPJF al exgobernador de Nuevo León, mejor conocido como “El Bronco”, que le permitirá que éste aparecer en la boleta electoral del primero de julio.
Al inaugurar el Foro “Sistema Nacional Anticorrupción: Retos y Avances”, que se llevó a cabo en el Recinto Legislativo de San Lázaro, consideró que la falta de una política nacional anticorrupción eficaz y de nombramientos de miembros del Comité Coordinador del SNA, entorpece su fortalecimiento y la lucha contra este problema político y social.
“Un tema que también es corrupción, y que no nos puede pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción, es lo que está pasando con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque lo que pasó en relación a cómo avalaron la candidatura de ‘El Bronco’, también es corrupción”, sentenció.
En ese contexto, resaltó que el costo de la corrupción para realizar trámites, pagos y solicitud de servicios públicos en 2015 fue de seis mil 418 millones de pesos, mientras que el año pasado se ubicó en siete mil 200 millones, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El también legislador federal de Morena agregó que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo de la corrupción equivale a cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que rebasaría los 200 mil millones de pesos. “Esto tiene un costo de oportunidad altísimo en empleos bien remunerados, seguridad y desarrollo. Es decir, afecta directamente a la calidad de vida de todos los mexicanos”, lamentó.
Jesús Valencia subrayó que la sociedad civil ha sido más constante en la lucha contra la corrupción que los propios Poderes de la Unión, y que sin duda la existencia del SNA es resultado de ese esfuerzo. “Únicamente con el compromiso de todas y todos los actores involucrados podremos erradicar este cáncer que carcome al Gobierno y a la sociedad”.
En su oportunidad, Yasmín Esquivel Mossa, Magistrada Presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, resaltó la importancia de foros abiertos al diálogo en este tipo de temas no sólo para la sociedad civil, sino también para la vida institucional de ese tipo de organismos.
“Este foro sobre retos y avances del Sistema Nacional Anticorrupción es el extraordinario espacio de reflexión, cuyas conclusiones sin duda servirán para lograr que este gran esfuerzo trascienda y marque un verdadero paradigma en la vida institucional y social de México”, recalcó.
Con el fin de recabar más opiniones sobre el combate a la corrupción en México, en el foro se contempló la realización de seis conferencias: “Evolución legal y elementos éticos para combatir la corrupción”, a cargo del doctor Álvaro Castro Estrada, y “El fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción”, en voz del licenciado Víctor Manuel Andrade Martínez.
También “La autonomía de las investigaciones en los casos de corrupción”, por el maestro Octavio Martínez Camacho; “Retos del Sistema Nacional Anticorrupción”, a cargo de la licenciada Dante Preisser Rentería, y “Control parlamentario de la fiscalización y el combate a la corrupción”, por parte del doctor Alejandro Romero Gudiño.
Finalmente, la conferencia “Corrupción estructural: ¿es suficiente el SNA para combatirla?”, dictada por la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien ocuparía la titularidad de la Secretaría de la Función Pública, en caso de que Morena gane las elecciones presidenciales el próximo primero de julio.
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