Por: Redacción

La organización ciudadana Semáforo Delictivo, reveló un incremento en relación al 2016 en delitos como homicidio, con un 29%, secuestro 18%, extorsión 30% y lesiones dolosas 21%, robo a negocios 47%, en donde en Baja California, la gran mayoría son perpetrados con vehículos usados de procedencia extranjera “chocolate” para dificultar toda investigación, denunció la vicecoordinadora de proceso legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.

“En este sentido, presenté y me fue aprobado un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se le exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE) para que, en coordinación con el Titular del Poder Ejecutivo de Baja California y de la Secretaria Finanzas de la entidad, implementen de manera coordinada un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, internados en el Estado de Baja California, con la finalidad de evitar que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos” informó.

La legisladora federal resaltó que en el mes de mayo del 2016, el titular de la Subprocuraduría de Justicia en el Estado Baja California Jorge Alberto Álvarez Mendoza, informó que aproximadamente se reportaban al 066 cada mes entre 600 y 800 robos de vehículos; refiriendo que de esa cantidad entre el 75 y 80 por ciento son unidades irregulares, muchas de ellas utilizadas para delinquir.

Talavera Hernández indicó que los legisladores de las diversas bancadas, indicaron estar conscientes de que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben de procurar las condiciones que generen bienestar, tranquilidad y seguridad a la población, por lo que encontraron pertinente solicitar a las autoridades competentes la implementación de estrategias coordinadas que atiendan y combatan los factores de inseguridad, entre ellas evitar que -autos chocolate- sean el vehículo del crimen.

Agregó que los diputados de las diversas fracciones parlamentarias, consideraron indispensable que los vehículos importados de manera definitiva al territorio nacional deben de cumplir con la normatividad emitida por las autoridades hacendarias y que se cuente con un registro actualizado por parte de las autoridades competentes, por lo que la Comisión dictaminadora hizo un llamado en ese sentido.

Recordó que la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California, informó que existe un padrón de un millón 64 mil vehículos registrados oficialmente en el Estado, pero desconocen cuántos circulan de manera ilegal.

“Este es un tema de mucho cuidado, tenemos que enfrentarlo entre el gobierno federal y estatal, a través de acciones bien coordinadas que permita dar resultados como se hizo en Chihuahua, en donde se realizó una propuesta similar, hubo voluntad política y hoy da frutos importantes para ese estado” dijo.

Además, dijo, que en la investigación realizada, se destaca que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en mayo de 2017, publicó nuevas reglas para la importación de vehículos usados, con las cuales pretende restringir la internación de unidades robadas, siniestradas, inseguras o que rebasen los límites permitidos de emisiones contaminantes.

No sólo eso, agregó que las medidas difundidas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen que no deberá importarse autos clasificados en Estados Unidos en condiciones de chatarra, desecho, embargado, inundado, pérdida total, uso exclusivo fuera de autopistas, robado o daño por incendio, entre otras.

Indicó también, que se deberá verificar la autenticidad de los certificados ambientales a través de las bases de datos o fuentes de información de las autoridades de los estados que conforman Estados Unidos, o bien de las bases de datos particulares que se encuentren disponibles electrónicamente.

Puntualizó que para revertir los índices delictivos en Baja California, es necesario llevar a cabo toda acción que limite las posibilidades de las organizaciones criminales, en donde obstaculizar el acceso a vehículos que dificulten líneas de investigación, impulsará una sociedad más segura.