Por: Redacción

Rocío Miranda Pérez, Presidenta de Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, cuestionó la capacitación hecha por la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano, de 36 “mediadores energéticos” y pidió capacitar a campesinos e indígenas para que hagan ese papel ante la aplicación acelerada de la Reforma Energética que ya impacta con hidroeléctricas, mineras y petroquímica a zonas ejidales y áreas naturales protegidas.

Desde su punto de vista, la capacitación hecha por la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano, de 36 “mediadores energéticos” fue para profesionistas totalmente ajenos a la actividad agraria pues son abogados, Ingenieros agrónomos, químicos e industriales, en Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Economistas, Administración de Empresas, Valuadores de Bienes y Seguridad Pública, y estos no responden a las necesidades, cultura y costumbres del medio rural.

Recordó que ante el inminente inicio de trabajos de empresas petroleras extranjeras y nacionales en busca de hidrocarburos en nuestro país y la incertidumbre generada con la Reforma Energética se tenía contemplada la defensa profesional con cuatro nuevas figuras como son: el testigo social, el valuador especializado en temas de energía, el mediador y el gestor ambiental, para otorgar asesoría experta en el proceso de inversión pero dichas figuras aún no operan.

Mencionó que con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas, los 32 estados de la República Mexicana están inmersos en las inversiones, por lo que un buen porcentaje de los 2 mil 500 municipios donde hay más de 31 mil núcleos agrarios son sensibles de explotación en la materia.

La realidad es que se están tocando núcleos agrarios en diferentes circunstancias, algunos cercanos a la mancha urbana con un potencial de desarrollo diferente a los que puedan estar en áreas altamente productivas o en lugares aislados.

En entrevista, sostuvo que las secretarias de la Función Pública, de Energía, SEDATU y SEMARNAT, están obligadas a impulsar al testigo social, al mediador y el gestor social pero éstos deben convivir en el núcleo agrario a fin de que conozcan la realidad económica, política, social, cultural y ambiental de la región.

Por ello, la ley establece que deberán capacitarse y certificarse más de 150 testigos sociales y similar número de mediadores y gestores ambientales quienes podrán ofrecer sus conocimientos de manera libre tanto a los proyectos de inversión como a las dependencias federales antes citadas, siempre y cuando garanticen su certificación y actualización continua.

Las figuras de esta legislación están ubicadas en cuatro secretarías: Energía: Testigo Social; Función Pública (INDAABIN): Valuador Especializado en temas de energía; SEDATU (unidad de utilización del suelo para proyectos en energía de inversiones físicas de los fondos mineros): Mediador; y, SEMARNAT (agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos): Gestor Ambiental.

Con fundamento en lo anterior, la cobertura de los estados de Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Chiapas, Durango, Estado de México, Nuevo León, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas, es insuficiente cuando son de 150 conflictos generados por megaproyectos mineros e hidroeléctricos en el país, que el número de mediadores recién capacitados.

Comentó que estos 150 megaproyectos, entre hidroeléctricos y mineros, que están generando conflictividad en zonas rurales de Puebla, Morelos, Oaxaca y Veracruz, el Ejército Mexicano ya participa pero reprimiendo a los indígenas y apoyando a la iniciativa privada.

Recordó que a la fecha tampoco se han armonizado las leyes nacionales con los tratados internacionales que contengan Derechos Humanos, la legislación nacional con el Convenio 169 de la OIT determinando el carácter vinculante de la consulta, con el consentimiento previo,  libre e informado, en los términos establecidos por la Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicó que Chiapas es el centro de más alta diversidad biológica en el trópico de Norte y Mesoamérica, por tanto, la conservación de los bosques tropicales es considerada como una de las principales estrategias para enfrentar el cambio climático, sin embargo la amenaza latente se vive con la Reforma Energética.