Por: Redacción/

Después de una lectura minuciosa de la respuesta del Gobierno de México, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México reiteró su llamamiento a las autoridades del país para que pongan en marcha las recomendaciones del informe.

En un comunicado, la citada Oficina ha ratificado este miércoles la legitimidad de los métodos y descubrimientos del informe que denunciaba torturas y encubrimiento en el caso Ayotzinapa.

La ratificación se produce después de las críticas del Gobierno mexicano a los resultados de la investigación que, según informaciones de prensa, calificó el informe de “prematuro” y fuera de lo dispuesto en el Acuerdo entre el Ejecutivo y la Oficina.

En el comunicado, la Oficina asegura “que operó dentro del mandato establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno mexicano en 2002”, por el que se estableció su oficina en el país.

También destaca que el informe se elaboró de conformidad al acuerdo de actividades, firmado el 22 de febrero de 2017 con el actual gobierno de México, que no ha sido renovado este año.

Los hechos se remontan a la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando un nutrido grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa viajaba en cinco autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México y la policía municipal los atacó en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero.

Un total de 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, seis personas fueron asesinadas y al menos otras 40 resultaron heridas.

Según los resultados de la investigación de la Oficina de Derechos Humanos hay “fuertes elementos de convicción” para pensar que al menos treinta y cuatro de las personas arrestadas durante la primera fase de la investigación fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.

El estudio añade que “estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas”.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado de nuevo a las autoridades mexicanas ejecutar las recomendaciones del informe, finalizar las investigaciones dentro de un margen razonable de tiempo, e identificar a los autores de las detenciones arbitrarias y los actos de tortura, junto a otras violaciones de las garantías fundamentales descritas en el informe.

Además, añadió que seguirá de cerca los resultados de las averiguaciones especialmente al tener en cuenta que no se ha identificado a ningún responsable.