• Todas las adjudicaciones que no se den por la vía de licitación deberán incorporarse a la plataforma del Sistema Nacional Anticorrupción, detallaron.

Por: Redacción/

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, propuso adicionar un noveno y décimo párrafo al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de transparentar la compra de medicamentos y servicios de salud por parte de las dependencias y entidades.

La reforma consiste en que, cuando las licitaciones públicas no sean aptas ni tengan las mejores condiciones en la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud, las dependencias y entidades podrán contratar con organismos intergubernamentales internacionales a través de los mecanismos de colaboración establecidos, con la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Oficialía Mayor.

Además, todas las adjudicaciones que no se den por la vía de licitación deberán incorporarse a la plataforma del Sistema Nacional Anticorrupción, detalló en un comunicado.

La legisladora recordó que el sistema nacional de salud de México está conformado por tres entidades que atienden a los distintos sectores de la población: el de instituciones privadas que prestan estos servicios; el de las instituciones públicas, como son el IMSS y el ISSSTE; y el de organizaciones y grupos que se enfocan a atender a la población no derechohabiente mediante esquemas de Asistencia Pública.

Precisó que, de acuerdo con estudios, en nuestro país, de 560 mil millones de pesos que gasta el sector público en salud, entre 20% y 40% se pierde por prácticas corruptas en los diferentes elementos estructurales del sistema, de acuerdo con datos de Forbes México.

Juárez Piña dijo que, según estas investigaciones, 40% de mexicanos ha pagado un soborno para obtener un tratamiento, mientras que una de cada cinco personas considera la mala calidad del servicio como uno de los principales problemas del país.

Citó al investigador Arturo Cervantes, de la Universidad Anáhuac, quien explica que la corrupción debilita los sistemas de salud y que los países con índices bajos de corrupción tienen menores tasas de mortalidad infantil y materna.

También hizo mención de los hallazgos del investigador Mauricio Hernández Ávila, de la Universidad de Guadalajara, quien comentó que la corrupción es un obstáculo para la provisión de servicios médicos suficientes y de calidad.

La legisladora perredista argumentó que esta iniciativa surgió “de la observancia de corrupción que se sitúa en el país y la necesidad de sumarse a los esfuerzos para garantizar plenamente el derecho a la salud de los habitantes de la nación”, por lo que homologar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y transparentar todas las adquisiciones por parte de dicho sector público ayudará a mejorar la calidad del sistema de salud para todas y todos los mexicanos.