Por: Redacción 

“La transparencia es una tarea pendiente en la consolidación y profundización de las democracias latinoamericanas”, comentó la doctora Laura Valencia Escamilla, profesora-investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La especialista sostuvo que el proceso democrático ha sido un asunto diferenciado en cada lugar, caracterizado por la durabilidad y estabilidad de las democracias, así como por el grado de consolidación institucional y la resistencia al cambio.

La académica del Departamento de Política y Cultura señaló que los países con mayores problemas de consolidación e instauración y bajo afianzamiento institucional, provienen de regímenes autoritarios, unipartidistas o cuasi únicos, cuya perdurabilidad depende de la asimetría de recursos y de una competencia electoral tenue con oposiciones débiles.

El Índice de Transparencia Legislativa 2014 de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa –que tiene como objetivo sistematizar y analizar información relevante sobre los poderes legislativos y monitorear las tareas que desempeñan desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la información pública– reportaba que México, Colombia y Argentina alcanzaban un índice de 37, 38 y 36 por ciento, en ese orden. En tanto Venezuela y Bolivia, lograron 21 y 24 por ciento. Sólo Perú y Chile consiguieron 55 y 53 por ciento, respectivamente.

El informe señala que el déficit de transparencia se debía a la ausencia, ambigüedad o discrecionalidad de la normativa, en función de elementos como la existencia de leyes o reglamentos referentes a la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el control del cabildeo, las declaraciones patrimoniales, los informes del ejercicio presupuestal legislativo y la normatividad sobre la publicidad del trabajo legislativo.

En México la carencia de mecanismos para el seguimiento de las actividades del gobierno y de la administración pública, son algunos de los elementos que impiden implementar la transformación del régimen, pues mantienen enquistadas prácticas clientelares, favores políticos y patronazgos partidistas.

Esta situación, apuntó, desestabiliza la continuidad del trabajo y la memoria legislativa, ya que ponen en duda la representatividad de las instituciones en las que se finca la democracia.

Valencia Escamilla refirió que el proceso de transición en nuestro país se ha caracterizado por cinco elementos: la descompresión autoritaria mediante elecciones controladas; el largo proceso de construcción democrático caracterizado por un cambio sin ruptura del orden institucional establecido.

Además de la permanente negociación, denominada “transición votada”, propiciada por los cambios efectuados mediante el sistema electoral de partidos; la promoción del cambio bajo el liderazgo del partido dominante, y los enfrentamientos de la oposición fraccionada, incapaz de impulsar un proyecto común, estableciendo una desventaja reforzada por la fuerza del partido dominante.

Las reformas de modernización y democratización de los últimos años, afirmó, no han dejado más que cambios unilaterales, verticales y unidireccionales, sin transformaciones profundas e incluso con retrocesos, que han servido a la conservación de un sistema vinculado a la sobrevivencia del partido hegemónico y la fortaleza de la institución presidencial, como símbolo de poder y dominio sobre todas las instituciones.

“En esta segunda etapa de Reformas, denominadas Estructurales, iniciada en 2012, se han realizado 147 adiciones a la Constitución, en las que se observa incapacidad en su implementación y ausencia en la mesa de negociación de los diferentes actores sociales afectados por los cambios”, comentó.

Por lo que una vez más las modificaciones están limitadas y sin llegar a niveles de profundidad necesarios para instaurar y consolidar el proceso democrático del país, refirió la académica del Área Política y Gestión Pública.