Por: Redacción/

Con el propósito de prevenir, detectar e investigar delitos que implican pérdidas, riesgos y amenazas para el sector bancario, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Asociación de Bancos de México (ABM) acordaron trabajar de manera coordinada.

Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, y Arturo Rangel Mandujano, Coordinador del Comité de Compliance (cumplimiento normativo) de la ABM, coincidieron en que el propósito principal es crear sinergias a través de un vínculo de confianza y comunicación para una mejor procuración de justicia.

Acordaron trabajar en la prevención y el blindaje de los sistemas de seguridad informática así como fortalecer la coordinación entre sus áreas de ciberseguridad, a través del intercambio desformalizado de información y de mejores prácticas, así como crear un grupo de trabajo para investigar los delitos tecnológicos.

Arturo Rangel Mandujano señaló que la colaboración es sumamente importante toda vez que ellos son los encargados de darle la atención adecuada a los oficios sobre temas relacionados con lavado de dinero, en los que se debe verificar el tipo y manejo de la información en materia financiera.

Por su parte, Elías Beltrán reiteró que en la PGR, tanto la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) como la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) trabajan para mitigar los delitos en materia financiera.

Dijo que en enero se emitió el Protocolo de Actuación para Investigaciones Financieras Paralelas con el objeto de homologar la actuación de los agentes del Ministerio Público Federal para iniciar este tipo de indagatorias, ya que se debe desarrollar una investigación financiera de manera proactiva, en paralelo a la investigación primaria.

Mencionó que con ciberseguridad e investigación criminal, se mitigan los riesgos asociados al uso de las tecnologías y el creciente número de delitos, por lo que la PGR ha optado por fortalecer sus capacidades de investigación para enfrentar retos, riesgos y amenazas donde el delito cibernético, informático o electrónico, puede involucrar evidencia digital.

Señaló que el litigio en materia de secreto bancario, considerado como requisito fundamental de cualquier sistema bancario saludable y confiable, debe tener excepciones razonables a la luz de otros valores jurídicos como es la seguridad pública y la justicia penal, lo que aumenta la capacidad de acceder a información, tanto en materia fiscal como penal, para diferentes autoridades.