Por: Redacción/

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), trabaja con comunidades y pueblos indígenas para garantizar su acceso y libre ejercicio de derechos, en materia de política territorial.

En coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Sedatu participó como representante del Gobierno de México,  en el 174° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia titulada “Vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en México”, solicitada por organizaciones de la sociedad civil.

En la reunión informó del programa de Atención a Conflictos Sociales en el medio Rural, que tiene como objetivo privilegiar la conciliación y concertación de acuerdos para la solución de las problemáticas, a efecto de poner fin a las controversias que se presentan por la propiedad o posesión de la tierra.

En el ejercicio de este programa, la Sedatu -en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el INPI y los Gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit- ha implementado audiencias con diversas comunidades indígenas para brindar solución a los conflictos que presentan respecto a la propiedad o posesión de la tierra.

Se ha brindado asesoría a siete pueblos originarios entre los que se encuentra el Pueblo Yaqui, Wixárikas, Lacandones y tres autoadscritos.

Se restituyeron tierras ocupadas por ganaderos en el municipio de Huajimic, a favor de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuastlán y su anexo Tuxpan.

La Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) -órganos sectorizados de la Sedatu- apoyan a los ejidos y comunidades agrarias en la regularización y certificación de tierras parceladas de uso común y de asentamiento humano, para garantizar que cada ejidatario, comunero, posesionario y poseedor de solares urbanos, ejerza su derecho a la tierra y cuente con los certificados que lo respalden.

Además, el Tribunal Superior Agrario cuenta con programas de justicia itinerante a través de los que reciben promociones, desahogan pruebas, escuchan alegatos y citan a las partes para oír sentencia, ello a fin de hacer más expedita la impartición de justicia agraria.