Por: Redacción

Debido a múltiples indicios de corrupción, complicidad e impunidad entre la compañía brasileña Odebrecht, otros empresarios y funcionarios del Estado Mexicano, particularmente de Petróleos Mexicanos (Pemex), el diputado Julio Saldaña Morán pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar todos y cada uno de los convenios entre ambas.

Solicitó enfatizar la revisión sobre los contratos signados de 2010 a la fecha, a fin de sancionar a los responsables de ilícitos, pero sobre todo para recuperar lo que se haya malversado y resarcírselo a la petrolera nacional para que lo invierta en mantenimiento efectivo y modernización de sus instalaciones.

El parlamentario federal del GPPRD recordó que 37 de esos convenios, firmados en 2015, supuestamente perseguían el mismo objetivo –mantenimiento y modernización de instalaciones de la refinería de Tula, Hidalgo- a un costo de cuatro mil 807 millones de pesos, pero la ASF detectó irregularidades en su ejecución.

Tales irregularidades iban desde negligencia en evaluación de empresas subcontratadas por Odebrecht hasta gastos injustificados en una construcción mal hecha, lo que posteriormente impactó en más costos para mantenimiento del inmueble.

Algo similar –dijo Saldaña Morán- ya había ocurrido con otro contrato de 2012 por cuatro mil 638 millones de pesos para la refinería de Minatitlán y en el cual intervinieron, además de Odebrecht, las empresas Río San Juan Construcciones S.A. de C.V. y Técnicas Reunidas, S.A.

A pesar del elevado monto involucrado en este contrato, entre los resultados de la revisión de la ASF “destaca que, no obstante que Pemex Refinación solicitó recursos adicionales para la conclusión y finiquito de trabajos del proyecto Reconfiguración en 2012, el objetivo perseguido no se cumplió en ese año, como se señaló en documentos proporcionados a la ASF”.

Investigaciones periodísticas también han revelado irregularidades con base en información de la ASF, como las correspondientes al periodo de 2012 a 2015 en esa misma reconfiguración de la refinería de Minatitlán, pero ni los administradores ni el órgano de control interno de Pemex promovieron sanciones contra los responsables a pesar de los señalamientos, en un claro y evidente contubernio, encubrimiento e impunidad.

“Por ejemplo, el costo de esa obra se disparó 66 por ciento, pues el contrato original otorgado a Odebrecht fue por 635 millones de dólares, pero al final se pagaron mil 55 millones de dólares. Además, la constructora entregó la obra con cinco años de retraso: se había pactado finalizar en 2008, pero se concluyó hasta 2013”, puntualizó Saldaña Morán.

Más recientemente –el 21 de diciembre de 2016-, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó sanciones a Odebrecht por actos de corrupción en diversos países, entre ellos México, a algunos de cuyos funcionarios habría entregado 10 millones 500 mil dólares, seis millones de ellos a los de “una empresa productiva del Estado Mexicano”.

Un mes más tarde –el 25 de enero de 2017-, Pemex presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles delitos en su contra derivados de la denuncia estadounidense.

Los directivos de Pemex aseguran que colaboran con el Ministerio Público Federal y con la Secretaría de la Función Pública (SFP) -que también dice investigar desde el 16 de febrero a través de su Unidad de Responsabilidades emplazada en esta empresa- para determinar si el soborno divulgado por los estadounidenses fue para funcionarios de la empresa.

Saldaña Morán, representante popular por Veracruz, señaló que son este tipo de anomalías, complicidades e impunidades en contra de Pemex las que la tienen en la más difícil situación financiera de su historia y al borde del colapso, ante lo cual el Congreso de la Unión no puede ser indiferente.

Por ello propuso que una de sus cámaras integrantes –la de Diputados- se pronuncie y también solicite a la ASF que revise y fiscalice los contratos de 2010 a la fecha entre Pemex y Odebrecht.

Además planteó que se le solicite a los directivos de PEMEX colaborar con la ASF, así como dicen hacerlo con la SFP y la PGR.

Saldaña Morán, secretario de la Comisión de Energía, reiteró finalmente su propuesta para que este órgano legislativo invite a esos funcionarios y a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Dirección General de Pemex a reuniones de trabajo, pues de acuerdo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, esta Comisión está facultada para invitarlos y citarlos.