Por: Redacción/

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, convocó a los contendientes del proceso electoral a desterrar la animadversión en la competencia, en beneficio del respeto a las personas y de la consolidación democrática.

“Hay que ser especialmente cuidadosos en detectar y denunciar el discurso de odio en las épocas electorales. Una democracia genera una mente madura, destierra las diatribas y los agravios en favor de un debate nacional y fundamentado”, subrayó.

Consideró que el intercambio de ideas y propuestas durante las campañas puede ser vigoroso, pero “para beneficio del país, jamás debe ser intransigente o fanático”.

Planteó que la ciudadanía, más allá de filiaciones o intereses políticos, debe “contemplar como elemento para la ponderación de su voto, que se ofrezcan garantías en favor de la legalidad, los derechos humanos y la dignidad de las personas”.

Al presentar el Informe Anual de Actividades 2017 de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, el ombudsman planteó que en ese año se emitieron más recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos.

“Los índices históricos de violencia e ilícitos registrados y la percepción de inseguridad entre la población son evidencia clara y objetiva de que las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno han fallado en su obligación y responsabilidad básica de proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población, que posibiliten el cabal goce y ejercicio de los derechos fundamentales”, expresó.

Agregó que en un hecho inédito, la violencia contra defensores de derechos humanos cobró en la persona del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, su primera víctima mortal en el sistema de protección no jurisdiccional que, al igual que la mayoría de los casos, “continúa en la impunidad”.

Informó que en 2017 la CNDH promovió 34 acciones de inconstitucionalidad, con lo cual ha buscado hacer visibles los riesgos que algunas normas pueden representar contra el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y contribuye a mejorar el sistema legal por la vía de impulsar la acción del máximo tribunal como institución garante del orden constitucional.

Señaló que las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite ante la CNDH fueron la Comisión Nacional de Seguridad, con 63; el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 50; la Procuraduría General de la República, 37; Secretaría de la Defensa Nacional, 18, y la Secretaría de Educación Pública, 16.

Precisó que las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas contra las secretarías de la Defensa Nacional o de Marina bajaron en comparación con 2016, pero ambas continuaron siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos, que involucrarían conductas de evidente gravedad, como tortura, desaparición forzada o ejecución arbitraria.

Afirmó que es necesario y urgente que las autoridades civiles recuperen el ámbito de la seguridad pública. “En tanto las Fuerzas Armadas no puedan retornar a sus tareas propias, es previsible que estas imputaciones continúen desgastando y debilitando la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones”, señaló.

Destacó que la Ley de Seguridad Interior “seguirá siendo uno de los capítulos más polémicos, pues la lectura en sus términos actuales permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en esas tareas”.

“Como lo he dicho de manera pública y reiterada, y se expresó en la acción de inconstitucional promovida la semana pasada, el articulado de la Ley de Seguridad Interna es contrario al contenido y esencia de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, en tanto que genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la Federación y los estados y las instituciones, órganos del Estado y Poderes”, puntualizó.

La Ley, continuó, posibilita que sin parámetros objetivos ni las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo Federal ordene discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas “e incida en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que trascienden, por mucho, el ámbito de la seguridad individual”.

El funcionario resaltó que aun con avances significativos en la formulación de nuevos e importantes ordenamientos y el reconocimiento casi generalizado sobre la necesidad de su cumplimiento, los derechos humanos no son plenamente respetados y vigentes en México.

Expresó que se requiere un andamiaje normativo para construir una cultura de paz y reconciliación en México, que recomponga el tejido social y brinde opciones de vida y desarrollo, sin centrarse en mecanismos de reacción y uso de fuerza.

Subrayó que el Presupuesto de Egresos debe formularse desde una perspectiva de derechos humanos; revisar instancias y mecanismos para determinar los salarios mínimos y concretar la operación de sistemas anticorrupción y las fiscalías autónomas.

Destacó la importancia de contar con leyes sobre la Consulta Previa a Pueblos y Comunidades Indígenas; matrimonio igualitario; desplazamiento forzado y de prevención y sanción a la violencia que enfrentan niñas y niños en las escuelas.

Además, eliminar figuras y prácticas que violan derechos humanos, como el arraigo, y disposiciones que restringen el acceso a varones a la pensión por viudez, o a deudos de matrimonios del mismo sexo; revisar la racionalidad de las penas de prisión; hacer más oportunas las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres; aplicar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante 2017, los cinco gobiernos estatales con mayor número de recomendaciones fueron Oaxaca con 16; Guerrero, 15; Chiapas, 12; Tabasco, 11, y San Luis Potosí con nueve.

Además, en ese lapso, la CNDH emitió tres recomendaciones generales sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios de salud, las condiciones de autogobierno y cogobierno en centros penitenciarios y, la tercera, sobre violencia obstétrica en el sistema nacional de salud.

Formuló cuatro informes especiales en los que se pusieron de manifiesto diversas problemáticas vinculadas a los derechos humanos, como la relativa desaparición de personas y fosas clandestinas en México; personas mayores en centros penitenciarios; adolescentes; vulnerabilidad y violencia, y los desafíos de la migración y los albergues como oasis.

Explicó que el organismo buscó la defensa de los mexicanos en los Estados Unidos ante el cambio de sus políticas migratorias: denunció en foros nacionales e internacionales el discurso de odio contra ellos e incitó a los mecanismos universal y regional de defensa y protección de los derechos humanos a actuar en consecuencia; solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y criticó la entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, donde por primera vez ante un juez extranjero se presentó una amicus curiae en un procedimiento judicial en aquel país.

Al fijar su postura, la diputada de Movimiento Ciudadano, María Candelaria Ochoa Avalos, cuestionó sobre cuáles son las motivaciones de un amplio sector de la clase política en el poder para continuar con una estrategia que ha fallado, a pesar de la oposición de los principales organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.

“Desde 2012 la CNDH ha presentado 11 recomendaciones por violaciones graves, de las cuales 5 fueron en 2017, una en 2016, una en 2015, dos en 2014 y una en 2013, lo que significa que el último año fue el que tuvo más violaciones graves, por lo que pregunto su opinión sobre esta clase instrumentos a nivel nacional para transitar hacia un cambio de régimen con voluntad de reconocer y reparar el daño a las víctimas”, manifestó.

El senador David Monreal Ávila (PT) indicó que, de acuerdo con el informe publicado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en septiembre de 2017, en la actual administración se registraron 302 casos de personas y colectivos que han sido objeto de violación a sus derechos humanos, lo que afectó a mil 37 personas y 422 agrupaciones; además, a julio de 2017 hubo 106 personas defensoras de derechos humanos asesinadas y 81 desaparecidas.

Cuestionó cuál ha sido la posición de la CNDH para hacer exigible la colaboración de todas las autoridades para erradicar la violencia que sufren las personas defensoras de derechos”.

Del PVEM, el senador Jorge Aréchiga Ávila comentó que se han creado mecanismos para la reinserción de las personas migrantes en retorno y, además, que se fortalecen los programas de repatriación; no obstante, se tiene conocimiento de presuntos episodios en los cuales las autoridades no han actuado conforme a la ley, al mismo tiempo que algunos medios de comunicación han comentado sobre la inactividad por parte de la institución. “¿Qué acciones ha realizado la CNDH sobre esa situación?” preguntó.

De Morena, el diputado Virgilio Caballero Pedraza señaló que la respuesta gubernamental a los delitos de alto impacto se basa en una estrategia fallida como utilizar militares en tareas de seguridad pública. “Ahora, 10 años después de iniciada la guerra contra las drogas, esta acción amenaza con militarizar la seguridad pública de todo el país”.

“Morena siempre va a reconocer ampliamente la labor y la importante función que tienen las Fuerzas Armadas. Consideramos que deben concentrarse en esquemas de seguridad nacional que es para lo que están diseñadas.

La senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD) solicitó a González Pérez ampliar la información sobre la particularidad que trasgrede los derechos humanos en la Ley de Seguridad Interior, que motivó a la CNDH a presentar una acción de inconstitucionalidad a esa norma.

Resaltó la importancia de que detrás de toda legislación se atienda irrestrictamente el respeto a los derechos humanos, y coincidió en la preocupación vertida respecto a la necesaria construcción de las corporaciones policiacas. Llamó a la PGR a atraer el caso para aclarar el asesinato del ombudsman de Baja California Sur.

El diputado Miguel Herrera Deras, del PAN, pidió la opinión del titular de la CNDH en torno a la violación de derechos humanos de connacionales en Estados Unidos, y sobre el actuar de los policías en nuestra frontera sur con migrantes centroamericanos.

La comunidad migrante en nuestro país sufre abusos no sólo por parte de grupos delincuenciales, sino también por autoridades corruptas. Manifestó su preocupación por la vulnerabilidad de los periodistas en el país, constantemente violentados, y cuestionó cuál es la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres migrantes y de los comunicadores en México.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI) preguntó respecto a cómo ha actuado la CNDH en torno al asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, si ha trabajado en coordinación y colaboración con el gobierno estatal, y qué medidas se tomarán para prevenir este tipo de ilícitos en otras entidades federativas.

Aprovechó para reconocer que el gobierno federal ha atendido desafíos en materia de derechos humanos, tales como las recomendaciones de la Corte Interamericana, la implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos, y la promulgación de leyes en materia de tortura y desaparición forzada.

En sus respuestas, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que, desde el punto de vista de la institución que dirige, la Ley de Seguridad tiene cuestionamientos de constitucionalidad y de convencionalidad, además de que las tareas que pretenden regular deben de estar enmarcadas en modelo de conducción desde la autoridad civil.

“Nos parece que los principales elementos es que la ley, desde nuestro particular punto de vista, adolece de los parámetros adecuados, precisamente para que las autoridades intervinientes puedan no incurrir en violaciones a derechos humanos por la gran discrecionalidad que se deja en temas de amenazas o riesgos”, sostuvo.

Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente, explicó que la Suprema Corte de Justicia, en la acción de inconstitucionalidad 1/96 que interpusieron miembros de este órgano, la sentencia establecía las bases de coordinación para la seguridad pública y fue votado por 11 ministros.

“La interpretación armónica de la fracción IV del artículo 89 con el numeral 129 en análisis, se desprende que dentro de las funciones que tienen conexión exacta con la disciplina militar, a las que se refiere el último numeral, se encuentra la de auxiliar a las autoridades civiles cuando por las circunstancias del caso requieran de la fuerza militar para salvaguardar la seguridad interior de la nación”.

Aseguró que la institución que encabeza no está en contra de ninguna institución; por el contrario, reconoce toda labor que desarrollan nuestras fuerzas armadas.

“Lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, lo que buscamos desde la comisión nacional es más y mejor seguridad, y deseamos que ese marco regulatorio pueda precisamente brindarnos eso en un contexto que sea acorde desde la perspectiva de nuestro máximo texto constitucional y desde la convencionalidad”.

Insistió que derivado del origen histórico del artículo 129 constitucional, salvo la situación excepcional de suspensión de garantías, en todo caso y bajo cualquier circunstancia las Fuerzas Armadas no pueden actuar automáticamente, sino en estricto auxilio de las autoridades civiles y siempre y cuando se solicite expresamente su apoyo.

Esto significa que las Fuerzas Armadas no pueden por sí mismas intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles. Es imprescindible que se requiera su participación.

“Nos podemos asomar a esa sentencia que fue votada por 11 ministros, y está en sus considerandos, precisamente, se encuentra la de auxiliar a las autoridades civiles cuando por las circunstancias del caso requieran de la fuerza militar para salvaguardar la seguridad interior de la nación. Es decir, en el 96 este era el criterio y sigue vigente, seguía vigente hasta lo que determine ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El titular de la CNDH condenó la violencia contra el presidente de la Comisión Estatal de Baja California Sur. “Se envió al primer visitador de la comisión para que interactuara, primero, en el acompañamiento de la familia, y paralelamente generar acercamiento con las distintas autoridades.

Por otro lado, refirió que la frontera sur ha captado la permanente atención, “he traído a los ombudsperson de Centroamérica para tener un diálogo y establecer protocolos de actuación inmediata. También me he reunido con los embajadores de los países del Triángulo Norte de Centroamérica”.

“Hemos elevado la voz para evitar vejaciones que afectan nuestra frontera y hemos emitido también recomendaciones al respecto”, comentó.

Informó que las estaciones migratorias cuentan con la presencia de la CNDH dos o tres veces por semana. En Estados Unidos, dijo, se ha levantado la voz respecto a las condiciones que se atraviesan en materia migratoria y, sobre todo, se condena el discurso de odio xenofóbico que prevalece.

“Proponemos a esta representación modificar la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para que se determine, por ejemplo, cuando se decreta la alerta en alguna entidad federativa, después no hay tiempos para verificar qué avance se ha tenido”.

En el tema de agresiones a periodistas, precisó que la CNDH emitió 25 recomendaciones y, en el mismo sentido, existe una política pública que la Conago y el propio Ejecutivo Federal asumieron como compromiso: hacer de la recomendación 25 un eje de actuación.

Sobre la Ley de Seguridad Interior “hemos impugnado que en la ley los términos ‘amenaza’ y ‘riesgo’ tienen mucha incertidumbre jurídica para su aplicación. Además, hemos señalado como en la Ley se hace remisión a los artículos tres y quinto de la Ley se Seguridad Nacional, en donde se dice que será una amenaza, por ejemplo, el que se violenten los principios contenidos en la Ley de Seguridad Nacional”.

“Por eso es que uno de los principales aspectos de vulneración en la Ley de Seguridad Interior, desde la perspectiva de la CNDH, es esa parte de violación al principio de certeza jurídica y del principio de legalidad”, agregó.

Explicó que también se cuestiona el alcance de las atribuciones de esta representación en cuanto que regula aspectos de niveles estatales, no siendo una ley general y no estando esa atribución en la ley general. “Desde luego que no compartimos la subordinación de las autoridades civiles al mando de las autoridades militares, no porque estemos en contra de las fuerzas castrenses -a quienes respetamos- sino porque el Estado de derecho y los máximos estándares internacionales establecen la máxima intervención militar en tareas que tienen que ver con la seguridad ciudadana”.

“En el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ha formado parte intensa de la gestión, se creó una oficina especial y, ha sido a partir de las más de 50 propuestas a 4 distintas autoridades, que hemos –precisamente antes de emitir nuestro documento recomendatorio— coadyuvado para que se conozca la verdad a través de quien tiene que hacer la investigación, que es la Procuraduría General de la República”, detalló.

Reconoció los esfuerzos en materia de derechos humanos; sin embargo, el desafío es enorme y los retos son complejos. “Desde luego, celebramos las leyes de tortura y desaparición, así como el mecanismo de prevención de la tortura”.

De igual forma, agradeció las propuestas y críticas que “nos alimentan y formarán parte del programa de trabajo que será igualmente intenso y agresivo en beneficio de la prevención a violaciones a derechos humanos, concluyó.

Enseguida, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín indicó que con la presentación del informe se cumple con lo que mandata el artículo 102 de la Constitución, y los artículos 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Con este informe, y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dará seguimiento a las observaciones y recomendaciones que ha proporcionado el titular de la CNDH”, señaló.

En este acto, agregó, se establece un diálogo entre uno de los Poderes de la República y un órgano autónomo, con pleno respeto al marco de derecho del Estado mexicano, “como corresponde a una democracia, con vigencia de su Estado de derecho y plena autonomía”. Otro poder, dijo, dará cuenta y resolverá sus diferencias; todos estarán obligados a acatar sus resoluciones, concluyó.

El documento se turnó a las Comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras del Congreso.