Por: Redacción/

Ante el incremento alarmante del reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado, el senador Ricardo Monreal, presentará reformas al Código Penal Federal y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños, para tipificar esta práctica como delito.

En el documento que presentará ante el pleno en la próxima sesión, subraya que datos de organismos internacionales y regionales revelan un incremento importante en esa práctica.

El legislador también promueve incorporar la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno de adoptar medidas para identificar, procesar y sancionar a los agentes estatales o personas civiles que ejecuten, autoricen, colaboren o faciliten el reclutamiento de personas menores de edad o su utilización en conflictos armados.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) indica que entre 30 y 35 mil niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por bandas criminales, quienes además de participar directamente en las operaciones ilícitas, realizan tareas que repercuten seriamente en su bienestar emocional y ponen en riesgo su vida.

Considerando esas cifras, el legislador señala que en nuestro país no está tipificado el reclutamiento y el uso de niñas y niños menores de 15 años para participar en hostilidades, no obstante que el Derecho Internacional Humanitario lo prohíbe, y la Corte Penal Internacional lo define como un crimen de guerra.

La iniciativa con proyecto de decreto es planteada por el senador, también en atención a las recomendaciones que han emitido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el contexto de los compromisos del gobierno mexicano para atender la violación de los derechos contra el sector de la población mencionado.

Además, el senador impulsa la implementación de políticas, mecanismos e instituciones especiales para reinsertar en la vida social a niñas, niños y adolescentes que hayan participado como miembros de organizaciones armadas, estatales o no gubernamentales; esto también en respuesta a la recomendación de la ONU.

La falta de reconocimiento jurídico en el derecho mexicano, así como la ausencia de castigo para los reclutadores contribuyen no solo a privar de un futuro mejor a los niños y las niñas, sino que lacera a toda la sociedad, advierte Monreal Ávila en su iniciativa.