Por: Redacción/

“Hay mucho más ocultamiento de las desapariciones de lo que pensábamos” en el país, afirmó la periodista Alejandra Guillén, durante el Segundo Coloquio de investigadores sobre biopolítica y necropolítica, organizado por la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en las instalaciones del Centro Vlady, así como en el Edificio Sánchez Vázquez, de la Facultad de Filosofía y Letras.

Al narrar sus experiencias en la búsqueda de desaparecidos, así como de testimoniales que ayudasen a entender qué le ha ocurrido a más de 32,000 personas, que hoy se encuentran en esa condición en el país (de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED), la periodista señaló que “primero que nos preguntamos quiénes son los desaparecidos y una de las respuestas es que suelen ser jóvenes de sectores vulnerables”.

“Las ‘empresas del narco’ tienen todo un engranaje para el secuestro, amenazas y cooptación hacia estos jóvenes; por otro lado, poseen toda una maquinaria destrucción de cuerpos y de poblados, de traslado y lavado de dinero, de despojo de tierras y gestión con autoridades de todos los niveles”.

Pero la información a la población llega “a cuenta gotas, porque la gente ha sido silenciada mediante el terror; de pronto en una zona hay sólo una madre que se atreve a romper el silencio, o algún sacerdote, pero que de inmediato es silenciado o tiene que salir huyendo”, denunció.

De acuerdo con su investigación, entre los desaparecidos hay gente que fue secuestrada para servir en los laboratorios clandestinos de anfetaminas, o en la cosecha de amapola y marihuana, que después son asesinados para no dejar rastro de las operaciones realizadas. “A otros los amenazan con aniquilar a sus familias si no se unen al narco.”

Relata Guillén que estas investigaciones le toman mucho tiempo a quienes las realizan, “se necesita estar un largo periodo en una región, entonces la gente comienza a tener la suficiente confianza para narrarnos fragmentos de sus historias, fue así que nos contaron de una zona donde se tenían entre ochenta a cien tambos de metal (como los de basura) para incinerar cadáveres.”

“En el lugar apenas quedaban algunos pocos, pues la misma población fue por ellos para venderlos ‘para el kilo’, a un lado de los que quedaban había una pila de zapatos de hombre, de mujer, de niño…como una macabra exhibición de trofeos de los narcotraficantes.”

Narra cómo en ciertos lugares, como el norteño estado de Coahuila, hay quien se especializa en “desaparecer a los desaparecidos, en lo que la Fiscalía estatal denomina ‘centros de inhumación clandestina’. El término incluye los sitios en donde se incineraban los cadáveres y en los que se enterraban los restos calcinados. Se empleaban tambos agujereados, donde metían a la gente y la quemaban con diesel y gasolina. Alrededor ponían una llanta de tráiler para contener el fuego y en hoyos de 40 por 40 centímetros de hondo vaciaban los restos quemados.”

Afirmó que de estos “centros de exterminio” (como los nombran principalmente integrantes de los colectivos de familiares, que están recorriendo el territorio nacional buscando a sus desaparecidos vivos, o en fosas), han salido “cientos de restos óseos incinerados en ranchos, pozos y terrenos repletos, donde se quemó a decenas o tal vez a cientos de personas, cifra que tal vez nunca se sabrá, porque de pocas piezas se puede extraer ADN que sirva para la identificación.”

“Estos relatos le rompen el alma a quien los cuenta, pero también a quienes los recibimos. Nosotros comenzamos la recopilación de información en Cherán, y hubo quien llegó a decirnos ‘no vayan tras la muerte, vayan tras la vida’; nos preocupa cómo narrar lo que vamos encontrando, porque el rechazo a estas narraciones es muy fuerte, la población no quiere escuchar, no quiere enterarse, hay un miedo gigante a lo que está pasando”, comentó durante el encuentro académico que este año se centró en las Narrativas y vocabularios bio/necropolíticos.

“Es frecuente que durante una conferencia donde exponemos los casos, sin nombres, sin ubicación y con pocos detalles, aún así la gente nos pide no seguir, no pueden escuchar esto que está ocurriendo.”

Relata que en el caso del estado de Jalisco, entre 1996 y 2015, los gobiernos locales incineraron 3,000 cuerpos que no fueron reclamados ni identificados. “Eso impide que las familias puedan aspirar a encontrar a sus desaparecidos, que alguna vez sepamos qué les ocurrió, quienes eran, porqué murieron.”

“Esta política se detuvo por el escándalo que se generó, el argumento de las autoridades fue que no había espacio en las morgues, pero al final del día es una política que además de borrar la verdad, permite cualquier clase de abusos”.

El encuentro fue organizado por el Grupo de Investigación Transversal sobre Biopolítica y Necropolítica de la UACM‎, por el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, así como el Proyecto Universidad, sociedad y Acción Comunitario de la FES Iztacala, ambas de la UNAM.