Por: Redacción/

La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, ha realizado un total de 144 designaciones de testigos sociales, entre octubre de 2016 y julio de 2018, a fin de que participaran en el acompañamiento y vigilancia de igual número de procedimientos de contratación.

Los testigos sociales –personas físicas u organizaciones no gubernamentales– participan en los procedimientos de contratación de especial relevancia, o bien en aquellos cuyos montos de contratación son regulados por la normatividad aplicable, y con su experiencia y capacidad aportan un valor agregado.

Han intervenido en temas como la construcción, supervisión y equipamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de México; en el servicio de suministro de energía eléctrica, de 2018 a 2038, para los sistemas de abastecimiento de agua en bloque Cutzamala y Plan de Acción Inmediata.

Asimismo, han tenido participación en adquisiciones de medicamentos y vacunas, de servicios de seguridad subrogada, en la renovación del contrato de seguro de responsabilidad civil de usuarios y autopistas, y en contrataciones relativas a la operación, mantenimiento y rehabilitación de autopistas, entre otros.

Los 76 procedimientos concluidos –de 144 realizados en el periodo mencionado, supervisados por testigos sociales– suman un monto superior a los 136 mil 592 millones de pesos; en tanto que los 42 procedimientos de contratación que están en proceso equivalen a un monto por más de 155 mil 583 millones de pesos.

De los procedimientos concluidos, el de monto más alto es una licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de julio de 2017, por más de 27 mil 308 millones de pesos, para adquirir medicamentos; que estuvo acompañado por la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, A.C. como testigo social.

El de monto más bajo es una licitación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por más de dos millones 485 mil pesos, para adquirir servicios digitales de telefonía, que fue realizado en febrero de 2017, supervisado por la arquitecta María Teresa Ticó Moreno, como testigo social.

De este universo, un total de 25 procedimientos fueron cancelados y uno más fue declinado. Asimismo, del total, 126 se realizaron por medio de licitación pública, catorce por concurso público, dos por invitación y dos por adjudicación.

Los testigos sociales participan en las licitaciones públicas cuyo monto rebasa el equivalente a cinco millones de la Unidad de Medida y Actualización en la Ciudad de México, en los supuestos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

También en las licitaciones públicas cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de la Unidad de Medida y Actualización en la Ciudad de México, en los supuestos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Además, intervienen en proyectos cuyo monto de inversión inicial sea igual o superior al equivalente a 400 millones de Unidades de Inversión, en los supuestos previstos por la Ley de Asociaciones Público Privadas; y en los casos que determine la SFP, atendiendo al impacto que tenga la contratación en los programas sustantivos de la dependencia o entidad.

Actualmente, el Padrón Público de Testigos Sociales de la SFP está conformado por 37 personas físicas y siete personas morales. De las personas físicas, diez tienen especialidad en adquisiciones, doce en obras públicas y quince en los dos ámbitos; las personas morales son especialistas en adquisiciones y en obras.

La Unidad de Normatividad en Contrataciones Públicas, con el apoyo de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, implementó en la plataforma electrónica de la Coordinación un indicador para que los órganos internos de control de cada dependencia informen mensualmente sobre los procedimientos de contratación que rebasen el umbral establecido en la LAASSP y en la LOPSRM y ameriten la designación de un testigo social.

Como un mecanismo de control, la SFP revisa informes parciales y los testimonios de testigos sociales, con motivo de su participación en los procedimientos de contratación en los que son designados, previo a su publicación en la plataforma electrónica CompraNet, a fin de detectar probables irregularidades.

Además, cinco servidores públicos de la SFP, así como cinco representantes de cámaras, asociaciones empresariales o colegios de profesionistas integran el Comité de Testigos Sociales, que opina sobre el registro de los interesados en el padrón público de testigos sociales, respecto a la designación de estos, coadyuvar con la SFP en su evaluación a partir de su desempeño en los procedimientos de contratación y aprobar su manual de funcionamiento.

Actualmente, además de los servidores públicos de la SFP, los miembros externos son integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la Confederación de Cámaras Industriales, del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C., de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.