Por: Redacción

Se debe terminar con el modelo centralista en la administración del agua, ya que sólo cien de los más de 2 mil 400 municipios del país tienen organismos operadores que abastecen el recurso correctamente, aseveró el diputado Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

Subrayó que existe “un hueco” a nivel estatal, porque se ejerce presupuesto de aguas sin tener una responsabilidad directa. “En los últimos 30 años la atribución de competencias contemplada en el artículo 115 de la Constitución, no ha dado resultados”, aseguró.

Pidió apostar a tener una iniciativa de Ley General de Aguas en el próximo periodo de sesiones que arranca en septiembre, para garantizar el derecho humano al líquido, lo cual es un compromiso de los legisladores.

“Los temas políticos –apuntó- tienen que rebasarse para no contaminar la discusión de este nuevo marco jurídico. No queremos política electoral en los temas de agua”, destacó.

Propuso instalar observatorios ciudadanos a nivel de los organismos de agua municipales y contemplar la posibilidad de crear un fondo de agua para apuntalar los proyectos de los órganos comunitarios que no tienen figura jurídica, lo cual les impide acceder a recursos federales.

Planteó hacer un “catálogo de destinos específicos”, con el objetivo de que los recursos por los derechos que se cobran por el servicio hídrico regresen al sistema financiero de los municipios.

Por el PRI, el diputado Evelio Plata Inzunza afirmó que la excesiva politización del abasto de agua en los municipios evita que se exija el pago del recurso a los consumidores. Aseguró que “hay muchos estados donde los gobernadores y presidentes municipales no participan en la construcción de obras hidráulicas, incurriendo en subejercicios, pese a las necesidades de la población”.

Por Morena, el diputado Ángel Hernández de la Piedra externó su inquietud sobre la afectación que resentirán los organismos operadores del agua potable en los próximos meses, por el recorte presupuestal. “De qué sirve tener un buen marco legal, si no se tiene capacidad de aplicarlo u obedecerlo”.

El legislador priista, Jesús Zúñiga Mendoza, aseguró que el sistema de abasto del agua de los municipios conurbados es ineficiente, sobre todo por los cambios de administración, porque no les importan las necesidades de la gente. Sostuvo que el modelo data de 40 años y ya caducó. Urgió a un manejo más sano del recurso.

El diputado del PRD, Francisco Xavier Nava Palacios, pidió acotar el concepto de autonomía en la nueva legislación, para evitar que pueda manejarse de manera discrecional en el régimen de concesiones. Resaltó la importancia de la participación ciudadana, establecida en el artículo 4 constitucional. Consideró la conveniencia de remunicipalizar los organismos operadores manejados por particulares.

El legislador del PRI, Ramón Villagómez Guerrero, destacó la importancia de la reserva hídrica en las aguas subterráneas superiores y de gran profundidad que no se han explotado en el país, y dijo que existen propuestas para que organismos privados incursionen en su aprovechamiento.

Por el PAN, el diputado Exaltación González Ceceña resaltó que es fundamental que a los comités rurales que manejan el abasto de agua potable se les asignen responsabilidades directas y estándares de calidad, porque en las comunidades donde dichos organismos son manejados por ciudadanos, el precio del recurso es más alto y su calidad ínfima.

La diputada Yaret Guevara Jiménez (PVEM) señaló que antes de hacer una Ley General de Aguas es necesario modificar el artículo 4 constitucional, ya que el Estado es quien tiene la obligación de administrar el abasto de agua y los ayuntamientos son los que deben vigilar la actuación de los organismos comunitarios.

Ingeniería jurídica que garantice derecho humano al agua

Durante una reunión de trabajo, Judith Domínguez Serrano, coordinadora académica del Doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales de El Colegio de México (Colmex), presentó a los diputados integrantes de las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, sus propuestas técnico-jurídicas sobre el derecho humano al agua.

Se pronunció por que el Poder Legislativo se comprometa al diseño jurídico del nuevo marco legal y “no interponga cuestiones políticas como ocurrió en el pasado”. Establecer la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y también de los tres Poderes, resulta imprescindible en dicha norma, apuntó.

Es necesario “hacer una ingeniería jurídica” en la construcción de la Ley General de Aguas, a fin de reivindicar el enfoque del derecho humano al acceso a este recurso vital y garantizarlo, donde el respeto a la dignidad de los consumidores es primordial, sin vulnerar preceptos constitucionales.

Además, se requiere ajustar algunas propuestas para no transgredir la autonomía de estados y municipios contemplada en el artículo 115 de la Carta Magna, frente al paradigma de los derechos humanos. Igualmente, continuó, sancionar a los ayuntamientos, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compruebe que no prestaron ese servicio y lo ofrezcan a través de otras instancias, cuyo costo será pagado por la alcaldía. La ineficiencia debe castigarse, aseveró.

Destacó que el problema de abasto radica en que los municipios, en 30 años, no han dado cobertura a toda la población y han olvidado a las zonas rurales; una solución se encuentra en las reglas de operación para reasignar recursos y priorizar las localidades que no han sido apoyadas. Resaltó que es indispensable incluir el saneamiento del líquido en el nuevo marco legal, ya que en términos económicos y de salud es más rentable invertir en este rubro.

Cuestionó la falta de pago por el consumo del recurso hídrico, ya que debe concientizarse a la población de la necesidad de hacerlo, para evitar, en el futuro, mayores problemas por el estrés hídrico que sufre el país; sin embargo, agregó, a los grupos vulnerables no se les debe exigir el pago, a fin de apoyarlos y asegurar el acceso al líquido.

Debe aprobarse una asignación presupuestal adecuada para garantizar el abasto y saneamiento del agua; el recorte aplicado se considera como regresivo, de acuerdo a los estándares internacionales, señaló.

Recomendó una regulación estricta de los comités municipales y se pronunció a favor de la participación ciudadana, la cual, aseguró, no sustituye las funciones de la autoridad del sector, pero sí consolida el respeto al derecho humano al líquido, con lo cual se combate la corrupción y la ineficiencia.

Resaltó la necesidad de atender cuestiones de género y culturales en la distribución del recurso hídrico, con el propósito de vincular las prácticas y costumbres rurales que contribuyan a preservar el medio ambiente, a través del cuidado y protección del agua.