La periodista subrayó la necesidad de rediseñar el Mecanismo de Protección conforme al contexto político y de violencia de este sexenio.

Por: Oscar Nogueda y César H. Dorado/

Tras los asesinatos de los periodistas José Luis Gamboa (Veracruz), Margarito Martínez Esquivel (Tijuana) y Lourdes Maldonado (Tijuana), comunicadores de todos los estados de la república se unieron en una sola voz para manifestar su indignación por la violencia a la que se enfrentan diariamente. La precarización de su trabajo, falta de seguros de vidas y jornadas laborales extensas, así cómo hostigamiento y desplazamiento, fueron los abusos que demandaron periodistas desde Baja California hasta Yucatán.

En la Ciudad de México, diferentes colectivos y comunicadores se dieron cita fuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación para manifestar y pedir que se atiendan las demandas ya que, de acuerdo a la organización Artículo-19, en México han sido asesinados 145 periodistas desde el año 2000. Situación grave considerando que no es un territorio que esté en conflicto armado.
Con ello, diferentes voceros señalaron la falta de apoyo por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y su ineficiencia en las investigaciones de persecución y amenaza.

En entrevista para Mugs Noticias, la periodista Laura Sánchez Ley externó que es necesario una revisión y evaluación de las tomas de decisiones sobre el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

“Sería importante evaluar la justificación para quitar dinero al mecanismo y por qué se relega a los periodistas y defensores en este país”, apuntó Sánchez Ley.

Igualmente, recordó que, a pesar de que la este mecanismo es un instrumento federal, no realiza evaluaciones de riesgo para identificar las medidas de protección que requieren los periodistas en cada estado.

Asimismo, destacó que el personal en cargado de la protección de los comunicadores adheridos a este mecanismo es ex agentes ministeriales o policías, sin embargo, no se tiene ninguna sensibilidad con los casos.

“Se necesitan comisiones especiales que hagan esta evaluación de riesgo y que el comité que dictamine y evalúe conforme al estado, que se considere a la gente local, así como que se creen este tipo de comités para identificar qué es lo que se requiere”, comentó Sánchez Ley.

La periodista subrayó la necesidad de rediseñar el Mecanismo de Protección conforme al contexto político y de violencia de este sexenio, así como que en su aplicación, no debe de haber preferencias y prioridades para la protección de los que piden ayuda al mecanismo.

A las exigencias de justicia y alto a la violencia contra la prensa, se sumaron las indignaciones de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas en México, quienes solicitaron a las autoridades nacionales esclarecer el caso de Margarito y Lourdes, así como redoblar los esfuerzos para proteger a los periodistas en el país y evitar la impunidad en estos casos.

Después de las movilizaciones, a las 10 p.m., Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que el gabinete de seguridad envió un equipo especializado a Tijuana para colaborar en las investigaciones de los asesinatos de los comunicadores.

Este equipo estará en constante comunicación con la Fiscalía Especializada para estos casos, creada por la Fiscalía local. Asimismo, apuntó que existe una representación de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y de la Coordinación Nacional Antisecuestro para trabajar con el fiscal de Baja California, Ricardo Carpio.

“El Gobierno de México reitera el apoyo irrestricto al gobierno de Baja California para fortalecer líneas de investigación. Sobre los casos de Margarito “N” y Lourdes “N” es importante decir que existen avances importantes en las indagatorias”, finalizó Mejía Berdeja.