Por: Redacción/

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, manifestó que la inestabilidad económica mundial y el realineamiento de nuevos bloques hegemónicos, deriva en una complicada relación con nuestro vecino del norte y más importante socio comercial en materia agropecuaria.

“La relación pasó de la sociedad a la amenaza y tiene en vilo un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) del que, en buena medida, depende la vida económica del campo mexicano. El Tratado ha servido para dar un gran salto, pero la tarea inmediata es que nadie se quede atrás, para superar los fenómenos de desigualdad”, afirmó.

Al participar en la clausura del XIX Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y IV Congreso Internacional de Derecho Agrario, explicó que el gran hito del TLCAN, significó un enorme beneficio para el país; es impensable el México moderno sin él.

Empero, hoy que tenemos la oportunidad de repensarlo y ante el contexto de un mundo que regresa al proteccionismo e, incluso, al nacionalismo, vale la pena considerar recurrir al lema de las Naciones Unidas, en su Agenda 2030: Nadie se quede atrás”, destacó.

Por otro lado, Ramírez Marín resaltó la importancia de la permanencia de los jóvenes en sus núcleos agrarios, pero sobre todo su incorporación en alguna actividad productiva al interior de los mismos; tenemos un indicador negativo que señala que la situación económica no es favorable para esa población, lo que propicia migración.

“El 27.9 por ciento de los ejidos y comunidades presentan migración de jóvenes a Estados Unidos; 10.7 por ciento a centros urbanos, y 2.6 a áreas rurales, posiblemente como jornaleros agrícolas”, apuntó.

Agregó que la articulación de productores agrarios a complejos industriales vinculados a transnacionales, no se manifiesta como un beneficio al empleo o mejora de las condiciones de vida en zonas rurales y mucho menos en comunidades ejidales.

Asimismo, detalló que en esas zonas prolifera la agricultura de contrato, se desplaza el concepto tradicional de la economía social, se ha modificado la demografía rural y las condiciones de vida, así como la estructura productiva en el campo para favorecer una producción agropecuaria orientada hacia los mercados, principalmente externos.

Consideró que no se puede dejar de lado el hecho de que la población rural no sólo es producción, sino cultura. Es una concepción de vida, un tejido comunitario; es mucho más que meros productores de materias primas y alimentos; por lo tanto, requieren nuevas formulaciones de política pública, modos de producción y nuevas formas de cooperación, incluso, internacional.

Destacó que los ejidos y comunidades también tienen enorme potencial productivo para la conservación de la biodiversidad, pero la mayoría exhibe carencias que dificultan la producción. “Los territorios agrarios y la biodiversidad de pueblos que los ocupan forman parte de lo que somos”.

Aseguró que se requiere una visión alternativa con esta participación imprescindible de las mujeres al liderazgo, además de fomentar y promover una cultura alimentaria diferente, con apoyo a las comunidades para que logren mejorar la cantidad y calidad de sus cosechas.

Ramírez Marín consideró indispensable recurrir al extensionismo, ya que es la fórmula que funcionó para transitar el siglo XIX, con una población que alcanzó niveles de éxito. “Es indispensable corregir la política agraria y agropecuaria, y reconocer que tiene vertientes legislativas, jurisdiccionales y administrativas. No es un tema de necesitar más leyes, sino de aplicar políticas más eficientes, con metas mucho más compartidas”.

Afirmó que si el campo representa una verdadera preocupación y se busca un desarrollo rural integral, incluyente y equitativo, “sabemos cuáles son los caminos que debemos recorrer para fortalecer la justicia agraria”.

“Eventos como estos ayudan a escuchar todas las voces y, sin lugar a dudas, actualizar la legislación, la distribución de recursos presupuestales, pero sobre todo, a alcanzar condiciones de justicia, sostenibilidad y prosperidad que piden quienes siguen teniendo fe a la soberanía basada en un principio fundamental, que es la tierra”, comentó.

“Por eso se busca en los Presupuestos de Egresos anuales el apoyo para comunidades agrarias, tanto en productos como en servicios”.

Afirmó: “Bástenos ver el presupuesto que aprobamos ayer, mil 300 millones de pesos de aumento al campo; sin embargo, ningún crecimiento al Registro Agrario Nacional, ni a la Procuraduría Agraria. Eso quiere decir que nuestra preocupación no está orientada a la vida rural”, expuso.

En el evento, el diputado presidente entregó el reconocimiento Agrarismo Mexicano “Andrés Molina Enríquez”; la presea “Emiliano Zapata Salazar” y otorgó un diploma al profesor José María Franco, por su conferencia magistral.

Froylán Rolando Hernández Lara, director en Jefe del Registro Agrario Nacional (RAN) y acreedor del reconocimiento del Agrarismo Mexicano “Andrés Molina Enríquez”, afirmó que en esta etapa del desarrollo agrario del país, el RAN permite articular, con orden y apego a la ley, la remodelación de las relaciones entre el campo, la ciudad y el desarrollo nacional.

Se pronunció para que en los debates sobre los problemas nacionales, el campo tenga el orden de prioridad que merece y que las instituciones públicas estén a la altura de las demandas de los campesinos y de sus organizaciones. La transparencia y el apego a la ley son indispensables para el aprovechamiento sustentable de bosques, selvas, agua, playas y demás recursos estratégicos con los que cuentan los ejidos y comunidades agrarias, comentó.

Consideró vital que frente a coyunturas presupuestales restrictivas, no se les reste importancia a las instituciones agrarias, pues en el campo vive uno de cada cinco mexicanos que necesita certeza.

“Las instituciones agrarias requieren contar con gastos de operación indispensables, para no caer en la precariedad que lleva al incumplimiento de las tareas asignadas. Nos alienta que en el Congreso de la Unión, el sector cuenta con aliados para fortalecerse y para promover políticas públicas que traigan inversión y mejoren la calidad de vida de mujeres y hombres del campo mexicano”, añadió.

El ganador de la presea “Emiliano Zapata Salazar”, Issac Bueno Soria, director de Propuestas Estratégicas del CEDRSSA, pugnó por que el campo esté siempre en la agenda nacional, y se comprometió a seguir trabajando a favor de un sector fundamental para México.

Afirmó que “no se puede seguir viviendo sólo con la remembranza del reparto agrario”, que significó grandes sacrificios de la población rural. “Nos toca ahora enfrentar nuevas realidades y salvaguardar los derechos de los campesinos que se derivan de la Reforma Energética, la instalación de nuevas industrias, el crecimiento urbano, la infraestructura en comunicaciones y el desarrollo turístico rural en zonas comunales y ejidales”.

Si se quiere desarrollo y distribución de la riqueza para todas las regiones del país, es importante que se evite el despojo de los recursos o la adquisición subvaluada, sobre todo cuando la Carta Magna de 1917 fue la primera de carácter social del mundo que permitió hacer justicia con el reparto de la tierra, subrayó.

“Es necesario que los hombres del campo participen en la generación de esa riqueza, que sea oportunidad también para ellos y no sólo para el capital. Por eso, es importante que se conozca la materia del derecho agrario y se preserve en los programas académicos universitarios”, agregó.

Al impartir la conferencia magistral “El derecho agrario, una visión desde la Unión Europea”, José María Franco García, profesor honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Agrario y de Reforma Agraria, con sede en Vigo, España, reconoció el hecho de que México tenga una autoridad especializada en justicia agraria.

Sugirió para América Latina, promover una directiva marco sobre tenencia y gestión para una gobernanza responsable de la tierra, que dé orientación tanto a los gobiernos nacionales como a los supranacionales; asimismo, impulsar leyes de protección del patrimonio agrario público y de acceso a los jóvenes agricultores y a la población indígena, y ordenamientos de desarrollo sostenible del medio rural que frenen la desaparición de tierras cultivables y su población.

También, planes municipales de ordenación urbanística que gestionen el mundo rural; igualmente, reorientar la fiscalidad de la tierra, estableciendo diferencias sobre la calidad y la ubicación; facilitar y desarrollar el crédito y la seguridad social agraria y establecer la paridad de derechos entre mujeres y hombres en el mundo rural.

Además, promocionar a la agrobiotecnología reduciendo el uso de herbicidas; mejorar el tratamiento de residuos y evitar la erosión de las tierras, así como una selectividad de los cultivos transgénicos, favoreciendo la investigación científica y las nuevas tecnologías e innovaciones.

Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del Comité Organizador del XIX Congreso Nacional de Derecho Agrario en México, mencionó que como resultado de este encuentro, se plantea fortalecer la materia de derecho agrario en las universidades públicas y privadas, con el objetivo de preparar a las futuras generaciones en el conocimiento de esta materia y, de esa forma, crear condiciones para atender y resolver las problemáticas que se presentan en el campo mexicano.

Indicó que, tomando en consideración el tiempo transcurrido con la reforma constitucional y legal de 1999 en esta materia, se estima necesario reformar la Ley Agraria, con el propósito de atender en forma integral los diversos temas que se presenten en este sector, es decir, “tener un cuerpo normativo de avanzada”.

Dijo que se requiere fortalecer a las instituciones administrativas del sector agrario y agropecuario, para atender las demandas sociales, y consideró fundamental contar con un Código de Procedimientos Agrarios, a fin de evitar la aplicación supletoria de la normatividad civil federal o mercantil.

Con el propósito de que no se perpetué la pobreza en el campo, estimó, es vital contar con una política transversal y lograr un modelo de desarrollo integral en ejidos y comunidades. También, incentivar la asociación y compactación de superficies cultivables, de por lo menos 20 hectáreas, donde se impulse la producción por medio de paquetes tecnológicos y sistema de irrigación, a efecto de generar los productos de la canasta básica y la autosuficiencia alimentaria, así como su comercialización.

Todo esto, puntualizó Gallardo Zúñiga, “traerá como consecuencia el arraigo de los sujetos agrarios a su tierra y evitará la migración del campo a la ciudad, con los problemas que esto ocasiona en las grandes urbes”.