Por: Redacción/

La diputada Tania Ramos Beltrán, del GPPRD, presentó dos puntos de acuerdo para atender los problemas que viven los chiapanecos, en materia de la violencia de género y protección de las áreas naturales.

Aunque el clima de inseguridad y violencia es un problema generalizado en el país, en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se ha agravado aún más, debido a la desigualdad y exclusión social que desde los años 70 con la llamada “guerra sucia” emprendida por el gobierno federal, agravó la situación en dichas zonas.

En el caso de Chiapas, la violencia contra las mujeres se ha destacado por el grado de brutalidad presentado. Las chiapanecas viven en una desigualdad evidente frente al sector masculino, debido a prácticas sociales y culturales que se acentúan a raíz de problemáticas como la migración del sector rural a diversas áreas urbanas o bien, a otros países, subrayó.

El punto de acuerdo impulsado por la presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género pretende exhortar al gobernador de Chiapas, a reforzar -en el ámbito de su competencia- las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño, de conformidad con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, publicada el 18 de noviembre de 2016, además busca que la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del estado, haga públicos los resultados de la aplicación de recursos para este mismo fin.

Cabe señalar que en Chiapas, el 50.5 por ciento de la población son mujeres; es decir, que por cada cien hombres, hay 102 mujeres de las cuales, mil 242 niñas y mujeres fueron asesinadas en el estado, tan sólo del 2000 a 2004, de acuerdo con cifras del Informe de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios.

Para 2017, en Chiapas aumentó seis veces la tasa de feminicidios, lo que posicionó a la entidad como el tercer lugar más violento en el país para las mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), 48.2 por ciento de las mujeres de Chiapas de 15 años y más, ha sufrido algún tipo de violencia en la familia, pareja, comunidad, escuela, trabajo o patrimonial, explicó Ramos Beltrán.

Este escenario llevó a que el 18 de noviembre de 2016 se emitiera una Declaratoria de Alerta por Violencia de Género para los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, requiriendo –además- acciones específicas para la zona de los Altos de Chiapas.

A pesar de que esta declaración supone que el gobierno de Chiapas adopte determinaciones como la implementación de medidas de seguridad y de prevención, así como políticas disuasivas y de cero tolerancia, el aumento de la violencia contra las mujeres ha aumentado de forma alarmante, pues para enero de 2017, la organización Observatorio feminista contra la violencia en el estado de Chiapas reportó que en ese año, 220 mujeres perdieron la vida por circunstancias violentas y para enero de 2018, se contaban 22 desaparecidas, detalló la parlamentaria del Sol Azteca.

“Por ello es urgente enfrentar de manera definitiva la problemática para erradicar todas las acciones que atenten contra las personas y en este caso, contra las mujeres que viven un estado pobre, marginado y violento”, reiteró la diputada.

Por otra parte, Ramos Beltrán presentó un punto de acuerdo que busca hacer un llamado al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, para que realice las acciones necesarias para regularizar el crecimiento urbano, a fin de proteger las áreas naturales e impedir la progresiva deforestación de la zona de Tuxtla Gutiérrez.

La perredista propone un exhortó a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); y de Medio Ambiente e Historia Natural del estado, a fin de realizar las acciones de regularización de la tenencia de la tierra donde se asientan colonias irregulares en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de evitar el crecimiento de más núcleos de población en áreas protegidas o de reserva ecológica, así como la aplicación suficiente de recursos para la protección de las áreas naturales e impedir la progresiva deforestación de dicha zona.

La legisladora sostuvo que el crecimiento de las áreas urbanas en la zona de Tuxtla Gutiérrez y la disminución progresiva de población que habita en comunidades rurales, ha repercutido en el ensanchamiento de la mancha urbana, lo que a su vez ha provocado serios impactos ecológicos en la entidad, como la pérdida de fertilidad del suelo, cambios drásticos del clima o escasez del agua; el crecimiento de las ciudades y áreas metropolitanas que van deforestado áreas boscosas y selváticas, siendo tal el problema que algunos informes sobre las tendencias de deforestación en Chiapas indican que “en 51 años podrían desaparecer la cobertura boscosa del estado”.

“No podemos olvidar la enorme riqueza forestal y su alta diversidad biológica; como la vegetación, que tiene un alto grado de endemismos, o sus ecosistemas, que son hábitat de fauna nativa que se encuentra en peligro de extinción y que constituye un importante reservorio genético para el mundo. Además de ello, su posición geográfica le permite contar con diferentes ecorregiones fisiográficas, las cuales poseen un alto potencial productivo y ecoturístico”, recordó la legisladora.

Subrayó que las zonas urbanas chiapanecas, pierden áreas de bosques y selvas a un ritmo acelerado, debido a la falta de regulación en el uso del suelo y la construcción de zonas habitacionales y colonias irregulares ubicadas en áreas naturales protegidas, lo que agudiza la crisis medio ambiental, particularmente en la capital del estado de Chiapas.