Por: Redacción

El proyecto de Ley General contra la Tortura enviado por el Senado a la Cámara de Diputados establece una base mínima que no debería de sufrir modificaciones, salvo para incorporar estándares aún no previstos, y de ninguna manera realizar cambios que signifiquen un retroceso.

Desde esta perspectiva, manifestamos nuestra preocupación por las observaciones al proyecto de Ley publicadas por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM)1 y le instamos respetuosamente a reformularlas. Entendemos que, en todo caso, las modificaciones al proyecto de Ley deberán centrarse en:

Modificar la fracción III del artículo 24 del proyecto a fin de salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y evitar a toda costa interpretaciones que avalen tratamientos forzosos o experimentos científicos.Eliminar del artículo 50 del proyecto las excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas.Modificar los artículos 51 y 52 del proyecto a fin de homologar su contenido al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las obligaciones internacionales de México.

El proyecto de Ley General contra la Tortura enviado por el Senado a la Cámara de Diputados es resultado de un largo e intenso proceso de trabajo que se ha enriquecido con la participación de un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil. Este proceso lo hemos seguido con atención durante varios meses e incluso el Sistema Universitario Jesuita ha participado a través del envío de observaciones.2

“Observaciones del PUDH-UNAM al proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, Perseo No. 40 (junio 2016), disponible en: http://www.pudh.unam.mx/perseo/category/observaciones-del-pudh-unam-al-proyecto-de-ley-general/  

En el mes de abril del año en curso los Programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita presentamos al Senado un documento de “Observaciones puntuales al Proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.