Por: Redacción

El senador del Grupo Parlamentario del PAN, Francisco Búrquez Valenzuela, propuso modificar la Ley del Banco de México, con el objetivo de establecer que la Junta de Gobierno de este organismo sea responsable de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional y fijar la inflación anual en dos por ciento.

Sugirió que, en caso de que la inflación sea superior a dicho porcentaje, el Gobernador del Banco de México (Banxico) sea destituido e inhabilitado por cinco años para ejercer cargos en el servicio público y en el sistema financiero.

También, planteó la destitución de los miembros de la Junta de Gobierno e inhabilitarlos para ejercer cargos en el sector público y el sistema financiero y, en caso, de que la inflación cause un daño económico significativo en el patrimonio de las familias –superior a 8 por ciento– propuso establecer sanciones penales y multas económicas.

El legislador recordó que, ante la historia de inflaciones descontroladas que vivió México en su pasado, en 1994 se otorgó a Banxico autonomía y se hizo énfasis en que su objetivo debería ser el de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Refirió que Banxico falló con su mandato y causó “graves quebrantos a los bolsillos y al ahorro de los ciudadanos”, pues el 24 de enero de 2017 emitió un reporte de la inflación en la primera quincena de ese mes ubicándola en un nivel de 4.78 por ciento.

Ello acompañado de la acelerada depreciación del tipo de cambio que, en pocos meses, ha pasado de 19 a 20, de 20 a 21 y hasta llegar a tocar los 22 pesos por dólar; por ello, “podemos decir con certeza que la economía de las familias se está viendo muy perjudicada ante la pasividad e irresponsabilidad de quienes dirigen nuestra banca central”.

Con esta iniciativa, sostuvo, se busca terminar con la impunidad, pues las políticas monetarias inflacionistas son ilegales y causan un gran daño a la sociedad. No puede salirle gratis a quienes tienen la obligación de cuidar nuestra moneda el depreciarla, puntualizó.

La propuesta se envió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.