Por: Redacción

La sociedad atraviesa por una “crisis de la edad de los derechos” generada por Estados débiles incapaces de otorgar garantías frente a los poderes económicos, religiosos e ideológicos, sostuvo el doctor Luis Salazar Carrión, investigador de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el Foro Libertad de expresión y no discriminación: extraños compañeros de cama, el profesor del Departamento de Filosofía señaló que esta inesperada situación “es ocultada muchas veces en el hecho de que no puede coartarse la libertad de los grupos financieros porque eso es iliberal, cuando lo iliberal en realidad son esos poderes”.

Por eso se habla de “gobiernos económicos de la política” que en lugar de regir la economía a partir de la política son gobernados por las fuerzas financieras, mientras que algo similar podría decirse de los sistemas teocráticos, cuya autoridad religiosa está por encima de los regímenes.

Al igual que los dominios gubernativos deben estar limitados, de manera que derechos fundamentales como la libertad de expresión sean garantizados, “debemos reconocer la gran tarea que tenemos enfrente para regular, limitar e impedir que mandos fácticos de la economía de mercado, las finanzas y la religión establezcan segregaciones radicales”.

Además, los prejuicios que legitiman estas formas de discriminación parecen encontrar gran auditorio en sociedades desorientadas y al parecer amenazadas por corrientes migratorias cada vez más incontenibles.

Es necesario plantear cómo fortalecer a partir de la democracia a los Estados –que en los países latinoamericanos son institucionalmente débiles, carentes de capacidades, credibilidad y legitimidad– para que se conviertan en verdaderos garantes de los individuos, sin segregación alguna y, sobre todo, sin el prejuicio, que gana terreno todos los días como reacción ante las corrientes migratorias.

Salazar Carrión advirtió que “tenemos que estar muy atentos porque si hay algún terreno donde se trata de negar la universalidad de los derechos éste tiene que ver con la identidad nacional, con la discriminación más absurda e injusta que se puede imaginar: la de que alguien pueda tener o no equidad dependiendo del lugar en donde haya nacido (…) que nacer en un sitio es un mérito y no un simple hecho, y que eso es lo que puede distinguir entre la gente con posibilidades de tener jurisprudencia de aquellas que por ser inferiores deben ser despojadas de una vida digna”.

El “contexto de exigencia ético-político” debe promoverse para poner en evidencia lo “vergonzoso” que es segregar, hacer que sea visto como algo despreciable porque es negar la justicia a ciertas personas “por rasgos irrelevantes como su origen nacional, el color de piel, el género o la preferencia sexual”.

Hace falta reconocer que la base de muchos de esos prejuicios “es la terrible desigualdad que existe en las sociedades”, que hace que haya grupos indefensos y prepotentes que legitiman su predominio.

En esa medida hay que combatir la relegación, mediante el respeto y la garantía de derechos fundamentales, que establecen que no puede existir de manera legítima.

En la bienvenida a los participantes a este foro que reúne a más de 20 especialistas, el doctor José Rodríguez Zepeda, investigador del Departamento de Filosofía de la UAM y uno de los coordinadores de la Red de Investigación sobre Discriminación (RINDIS) explicó que se denominó a esta actividad Extraños compañeros de cama porque respecto del derecho de la no discriminación uno de sus más raros compañeros de cama es el de la libre expresión.

La tensión permanente es probable que no se resuelva institucionalmente del todo, pero el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) –uno de las organismos convocantes al foro– ha logrado afinar un discurso desde una entidad pública y “se le habrá adelantado a la Corte”, la cual “ha dado tumbos cuando ha entrado en ese tema”.

En la inauguración de la actividad, organizada por RINDIS, la maestra Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Conapred, destacó que el lenguaje representa una de las vías para perpetuar los prejuicios y estereotipos, y para enraizar en las sociedades conceptos “que después se convierten en realidades.

En ese sendero desde la igualdad y la no marginación “vemos en el horizonte un largo camino por recorrer, porque la obligación de los Estados por revertir procesos culturales es un desafío enorme”.

Esto significa que no se trata sólo de una cuestión punitiva sino de transformar la manera como se ve al otro; “no es nada más imponer una ley y hacer por la fuerza que todas las personas tengan acceso a las instituciones del Estado, sino cambiar la forma como la gente se vincula entre sí”.