Por: Redacción

La Subcomisión de Examen Previo desechó por mayoría 109 denuncias de juicio político por prescripción, interpuestas desde 2003 a la fecha, de un total de 364 existentes, en términos del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con 12 votos a favor, uno en contra y una abstención, aprobó que en 108 casos se elabore un resolutivo, excepto en el expediente del abogado Horacio Culebro Borrayas, quien interpuso una denuncia penal contra el exgobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero.

Quedó a salvo el derecho de cualquier ciudadano de establecer denuncias y otro tipo de juicios o responsabilidad, aseguró.

La copresidenta de la Subcomisión, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), quien encabeza la Comisión de Gobernación, detalló que lo único que quedaría a salvo es “contestar técnicamente y a fondo el asunto de Culebro Borrayas contra el exgobernador Sabines, en el cual trabajará el equipo técnico para que en tiempo y forma se pueda rendir el informe a la juez en la materia. Se hará con el mayor rigor por tratarse de una contestación a una juez”, precisó.

En reunión de trabajo, el copresidente de la Subcomisión, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), encargado de la Comisión de Justicia, citó el próximo 22 de marzo a reunión para analizar los restantes 255 asuntos.

El diputado del PAN, Jorge Triana Tena, refirió “la laxitud en la ley para no determinar con claridad si la prescripción forma parte de los requisitos que se tienen que cumplir para desechar los expedientes”. Solicitó elaborar un documento para argumentar los motivos por los que se desechan los expedientes, por lo delicado de la decisión.

Respecto a la denuncia del abogado Culebro contra el exgobernador Sabines, sugirió “darle un tratamiento distinto, con pulcritud y exactitud en lo que se quiere determinar y resolver, y remitirlo a las instancias correspondientes, aclarando que es un caso de la legislatura anterior”.

Del PRD, el diputado Rafael Hernández Soriano consideró un avance significativo de la actual Legislatura la integración de la Subcomisión de Examen Previo. Consideró que cada denuncia requiere un análisis individual y solicitó respetar la cronología de cada una.

El legislador Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) refirió los acuerdos previos para atender los asuntos más urgentes ante una posible prescripción y recomendó avanzar en la evaluación de los vigentes. Pidió no demeritar el trabajo de la Subcomisión, porque está actuando “de manera responsable al analizar estos asuntos”. Destacó que cualquier decisión que asuma es jurídicamente válida, porque así lo prevé la ley, y es un acto de responsabilidad política como representantes de los ciudadanos.

El diputado priista, Abel Murrieta Gutiérrez, indicó que de acuerdo al artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, “el juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de haber concluido sus funciones”; de acuerdo con eso, “sí está vencido el término”, afirmó.

Aclaró que “no se exonera a nadie. Si alguien cometió un delito: al bote”. Aclaró que no se emiten juicios de valor sobre la verdad, sólo se cumple una responsabilidad política y una función histórica de la subcomisión, porque después de tres legislaturas de no trabajar, obviamente se tienen acumulados muchos expedientes. “El objetivo es dejar en cero los asuntos, para poder decir: cumplimos”.

Por Morena, el legislador Alfredo Basurto Román cuestionó la presentación del listado de las 109 denuncias de juicio político, debido a la falta del estudio jurídico en cada una. Indicó que sólo se entregó la lista sin dar acceso a los documentos, por lo que solicitó analizar “expediente por expediente”, para evaluar la procedencia de la prescripción.

El diputado del PRD, Daniel Ordoñez Hernández, argumentó problemas de forma y fondo en la presentación de la prescripción, de acuerdo a la técnica jurídica y parlamentaria. Señaló la necesidad de que en cada asunto se incluyan los motivos de prescripción.

Por el PRI, el diputado Armando Luna Canales externó preocupación de que prescriban las peticiones aún vigentes. “Si no resolvemos esto, vamos a empezar a caer en otros vicios, como el de que prescriban otros, lo cual sería reprochable”, destacó.

El legislador Javier Antonio Neblina Vega (PAN) solicitó sujetarse a lo que marca la ley y analizar las denuncias vigentes, es decir, “quedan dos terceras partes de muchos expedientes que sí necesitan trabajarse con profundidad”, para evitar caer en omisión.

La diputada priista, Marcela González Salas, resaltó que lo logrado con la instalación de la subcomisión es único, porque en las últimas cuatro legislaturas no se había logrado. “Se revisa lo anterior para dejarlo limpio, sin consentir retrasos. La preocupación es dar respuesta a la ciudadanía y revisar los expedientes que están vigentes”.

La diputada del PAN, Karina Padilla Ávila, apuntó que la ley es muy clara al establecer cuáles son los tiempos y procedimientos. Pidió acatar el compromiso y “cumplir con la exigencia ciudadana, y los juicios que están vivos en este momento son los que deben ocupar nuestra atención”.

Por Movimiento Ciudadano, el legislador Macedonio Tamez Guajardo manifestó su “desconcierto por la lentitud del proceso para analizar las denuncias de juicio político y que hizo posible que cayeran en prescripción”, lo cual lamentó, pero pidió seguir adelante en la evaluación de los demás expedientes vigentes.