Por: Redacción

Senadores del Grupo Parlamentario del PAN propusieron que el Senado de la República solicite a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un informe estadístico sobre el estado que guardan las promociones de responsabilidades administrativas-sancionatorias del periodo 2005-2014.

Asimismo, que muestre de manera detallada las causas por las que no procedieron cada uno de los pliegos de observación que presumió la ASF, ante un posible daño a la hacienda pública, e indique los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria y el monto de recursos recuperados.

Del mismo modo, los legisladores plantearon que el órgano fiscalizador reporte la situación que guarda cada una de las denuncias penales y explique las causas que motivan el estatus en que se encuentran.

Mediante un punto de acuerdo, los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada señalan que la ASF ha fallado seriamente en el tema de la transparencia y rendición de cuentas, y consecuentemente crea serias dudas sobre su eficiencia y eficacia.

Expusieron que en 2013 se emitieron tres mil 565 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, de las cuales se promovieron 82 por ciento.

Lo anterior, consideran, representa un significativo porcentaje; sin embargo, no se sabe si en verdad han sido procesadas ni cuáles son los resultados, además de que no es público cuántas han sido procedentes, cuáles son las causas y en cuántas se llegó a una sanción para los funcionarios corruptos.

Es decir, se ignora en qué consistió la sanción para cada uno de los funcionarios públicos; esto es, si fueron objeto de amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación; y por cuánto tiempo, en su caso.

Por otro lado, mencionan que la ASF actúa con parcialidad ante un gobierno u otro, pues las denuncias penales emitidas en 2012, como resultado de la revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de ese ejercicio fiscal, ascendieron a 152; mientras que en 2013 sólo se emitieron 7.

Consideraron que “esta significativa reducción” amerita una explicación por parte de la ASF, especialmente, sobre los criterios empleados para emitir denuncias penales entre un ejercicio fiscal y otro.

Para los legisladores, la ASF no actuó de manera consistente y no empleó el mismo criterio para emitir sus acciones, con lo que transgredió el contenido de los principios establecidos en el artículo 79 de la Constitución Política, respecto a los principios de imparcialidad y confiabilidad.

Refieren que, respecto a las denuncias de hechos en materia penal se reportan 621, de 1998 a 2013, y de ese total la mayor parte se encuentra en integración, pero no se conoce cuál es el número de denuncias en las que se ejerció acción penal, ni de las personas que fueron consignadas.

Con todo lo anterior, agregaron, no es posible afirmar que la ASF combata la corrupción, ya que los números no mienten y los resultados respecto a las expectativas que se han planteado son menos que pobres resultados. Esta conclusión, es sumamente grave si se considera el costo de su financiamiento, apuntaron.

Los senadores hicieron énfasis en que conocer la información con claridad permitiría a los ciudadanos asegurarse que el gobierno verdaderamente supervisa y sanciona los actos de corrupción y que, ante faltas graves, existe un procedimiento justo y una sanción justa.

El punto de acuerdo se remitió a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana para su análisis y dictaminación correspondiente.