Por: Redacción/
La diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) presentó un punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, asigne recursos adicionales al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.
La también presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (COCEAMEG), expuso que en el ejercicio fiscal 2016, se asignaron 443.0 millones de pesos a ese programa, mientras que en 2017 se destinó un gasto total de 383.3 millones, es decir, casi 60 millones de pesos menos para el ejercicio actual.
El punto de acuerdo, avalado por la Comisión Permanente, refiere que con esta acción se pretende garantizar las condiciones de acceso, permanencia, participación y logro de aprendizaje de las y los alumnos con necesidades educativas especiales.
La diputada promovente subrayó que la educación es un derecho humano tutelado en el artículo tercero de la Constitución. Asimismo, consideró que la inclusión educativa es un ejercicio afirmativo en favor de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que se encuentran en situación de riesgo por origen étnico, socio cultural o familiar.
Indicó que una gran parte es solicitar mayores recursos para el programa; sin embargo, su fortalecimiento, los problemas que atiende y la eficacia de sus acciones, deberán ser la guía que acompañe las decisiones.
González Suástegui detalló que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), considera que la enseñanza inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una formación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas.
Además, datos del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), apuntan que el 0.42 por ciento de las niñas y niños que no asiste a la escuela presentan alguna limitación física y cognitiva, cifra que representa el 29.59 por ciento del total de infantes con alguna limitación. “Estos números demuestran la complejidad del problema y el tema a atender”, comentó la legisladora.
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