Por: Redacción

La diputada del PRD, Rebeca Peralta León, anunció que en la próxima sesión de la Asamblea Legislativa solicitará a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y al director general del Instituto de Reinserción Social, Sergio Palacios Trejo, que informen detalladamente sobre los avances, los problemas y las políticas aplicadas en material de reinserción social en la Ciudad de México.

La legisladora por Iztapalapa expresó su preocupación de que “en la ciudad se registran altos porcentajes de reincidencia delictiva y se desconoce lo que hacen las autoridades capitalinas en materia de reinserción social. En los últimos cuatro años, en el marco del nuevo sistema penal acusatorio, más de 10 mil personas han dejado las cárceles de la capital del país”, afirmó.

La vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF recordó que la Ley de Centros de Reclusión en el Distrito Federal señala que entre las atribuciones del Instituto de Reinserción Social -creado el 22 de agosto de 2012- están la elaboración de los programas de reinserción social y de trabajo postpenitenciario, así como apoyar a las personas liberadas en el proceso de reinserción a la sociedad.

El Instituto tiene por objetivo consolidar el proceso de reinserción social de la población recién egresada de los centros penitenciarios, a través de apoyos sociales, médicos y jurídicos, brindados por organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil, así como contribuir a la prevención y disminución de la reincidencia delictiva, añadió

“Sin embargo, las cifras muestran altos porcentajes de reincidencia delictiva, lo que indica que posiblemente los programas de reinserción están fallando, toda vez que en 2012, el 30 por ciento de los reos era reincidente; en 2013 la reincidencia fue de 29 por ciento; en 2014, de 31 por ciento y en 2015 fue de 32 por ciento” precisó.

Señaló que de acuerdo al Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal, al Instituto le corresponde, entre otras cosas, brindar asistencia social y material a los liberados para continuar su proceso de reinserción social; gestionar en favor del liberado ante el Gobierno del Distrito Federal o la Federación, los apoyos implementados para la población en general; y poyar a los liberados en su proceso de reinserción a la sociedad mediante asistencia laboral, social, educativa psicológica, económica, médica y jurídica.

Además, abundó, gestionar a los liberados que así lo requieran atención médica especializada en las instituciones de salud que corresponda; tramitar permanencia en albergues de aquellos liberados que así lo requieran; difundir programas permanentes de capacitación; dar seguimientos a aquellos liberados que cuenten con actividad laboral y/o educativa para que cumplan con los mismos; y llevar el control y seguimiento de los liberados que obtuvieron un beneficio penitenciario y que sean canalizados para continuar su reinserción social.