Por: Redacción/

El senador Manuel Añorve Baños solicitó actualizar Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal para incluir el delito de extorsión en el catálogo de la delincuencia organizada, con el fin de proteger y salvaguardar a las personas y el desarrollo de las actividades económicas, comerciales, empresariales, negocios y establecimientos mercantiles.

El legislador, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de ambas legislaciones secundarias con el fin de lograr ese propósito.

Explicó que el cobro de derecho de piso es una de las tantas formas de extorsión con las que el crimen organizado obtiene cuantiosas ganancias, a costa de emprendedores y empresarios, quienes invierten su tiempo y patrimonio en el desarrollo de un negocio lícito. Lamentablemente, éstos se ven obligados a “pagar” un “impuesto” a bandas criminales para continuar con sus actividades.

Señaló que en la actualidad no hay entidad federativa exenta de padecer ese delito. Lo sufren desde los comercios más pequeños, hasta las empresas trasnacionales, pasando por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que son las que más empleos generan en el país.

Según cifras oficiales, expuso, en los 32 estados hay numerosas denuncias por ese delito, aunque en una decena de ellos se concentra el 92 por ciento de todas las quejas (Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos y Jalisco).

Agregó que los destinos turísticos se ven afectados por ese fenómeno delictivo. Sitios tan importantes como Mazatlán, Puerto Vallarta y Acapulco, han sufrido un aumento en la incidencia de ese delito gravoso, tanto para los empresarios y comerciantes, como para los trabajadores y clientes.

De acuerdo con el “Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y Oportunidades”, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, señaló que el cobro de piso se ha convertido en un impuesto fijo o incluso hay ocasiones en que los extorsionadores pueden cobrar una tarifa o cuota variable que genera un sistema de tributación paralelo al del Estado.

“Se pueden visualizar como mayor incertidumbre, menores incentivos a la inversión nacional, ruptura de cadenas productivas y, en general, si no consideramos el bienestar de los delincuentes, menor bienestar social. Estas condiciones junto con los efectos de otros delitos minan el crecimiento económico de un país”, alertó el senador Añorve Baños.

Este flagelo, concluyó, además de minar el desarrollo económico, también tiene un impacto psicológico comparable con el delito de secuestro, debido a que las víctimas se encuentran en un estado continuo de incertidumbre e indefensión, sufriendo amenazas constantes y violencia en su contra.

Se turnó para estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.