• El INPI es el obligado a promover, respetar y garantizar los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos mexicanos indígenas, afromexicanos y equiparables.

Por: Redacción/

La Comisión de Asuntos Indígenas, que preside la senadora Leonor Noyola Cervantes, solicitó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que adopte y ponga en marcha medidas y políticas enfocadas a eliminar la discriminación racial estructural, que aqueja a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables en el país.

Asimismo, en el dictamen aprobado por las y los senadores, durante una reunión de trabajo, solicitaron al Instituto un informe que contenga las políticas que implementa para eliminar la discriminación que afecta a este sector de la población.

Aunado a ello, pidió información con las medidas adoptadas, en atención a las observaciones finales, que emitió el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, relacionadas con este grupo poblacional.

En el documento, se establece que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con las observaciones finales emitidas por dicho Comité, así como a intensificar todo esfuerzo encaminado a eliminar la discriminación racial estructural, reconocer las manifestaciones de la cultura indígena, afromexicana, difundir los efectos de racismo y fortalecer la nacionalidad resultante del componente de origen indígena.

En este sentido, señala que el INPI es el obligado a promover, respetar y garantizar los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos mexicanos indígenas, afromexicanos y equiparables.

“México es un actor clave en el proceso de definición de la Agenda 2020-2030. Desde el Congreso de la Unión diseñamos mecanismos institucionales para implementar dicha agenda en todos los asuntos de nuestra competencia”, puntualiza.

Posteriormente, las y los integrantes de la Comisión también solicitaron al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que informe sobre las políticas públicas que implementa, de conformidad con los acuerdos de San Andrés Larraínzar.

El dictamen establece que es fundamental conocer dichas políticas implementadas en el país, para saber cómo se están dando a respetar los derechos de los integrantes de estas comunidades

Lo anterior, debido al mandato constitucional que establece la obligación de todas las autoridades para proteger, promover, respetar y garantizar los derechos de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y equiparables.

“El Senado es una institución que además de llevar a cabo el quehacer legislativo correspondiente, promueve los derechos humanos y fundamentales de todas las personas en el país”.