Por: Redacción
La senadora Andrea García García solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) informar al Senado de la República, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las acciones implementadas para que los policías cuenten con sueldos competitivos y modernización de patrullas, armamento y tecnologías.
Mediante un punto de acuerdo, la legisladora por Tamaulipas pidió también a la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementar campañas y programas dirigidos a alumnos, madres y padres de familia y docentes, con el objetivo de orientarlos en temas como tolerancia, solidaridad, respeto a los derechos humanos y la no discriminación, para prevenir el delito, la violencia y los actos de corrupción.
En ese sentido, García García exhortó a la SEP a presentar un informe sobre la existencia de políticas públicas enfocadas en la resolución pacífica de conflictos, donde se involucren alumnos, madres y padres de familia y docentes y sus resultados.
De acuerdo con la propuesta de la senadora panista, es indispensable que se refuercen las condiciones laborales de las policías estatales en nuestro país.
La senadora panista dijo que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el sueldo promedio de los policías estatales fue de 9 mil 250 pesos, en 2011.
Sin embargo, en el caso del sueldo de los policías en Tamaulipas, uno de los estados más afectados por el crimen, fue de 3 mil 618 pesos, casi una tercera parte menor que el promedio nacional.
En cambio, continuó, Aguascalientes pagó en promedio a sus policías 18 mil 173 pesos; Baja California, 17 mil 636 pesos, y Campeche, 13 mil 234 pesos.
Por lo anterior, consideró que es deber del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fomentar en la policía la identidad como parte de una institución, estimular su preparación, pero sobre todo proporcionales óptimas condiciones laborales, sueldos dignos y acordes con su actividad, así como el equipo necesario que les ayude a cumplir con su labor.
Asimismo, indicó, es de vital importancia conocer las estrategias que se implementan a nivel federal, estatal y municipal, para redefinir el gasto en seguridad pública y que éste sea suficiente para otorgar sueldos dignos y la modernización de las instituciones.
Por otro lado, subrayó que desde las instituciones de educación pública y privada se deben implementar acciones que involucren a los infantes y su familia, para prevenir, informar y alertar sobre las consecuencias que conlleva cometer un delito.
“Contar con la educación necesaria en nuestro país, en materia de prevención de violencia, delito y corrupción, desde la educación de menores de entre 12 y 18 años de edad, puede prevenir que alguien les induzca a cometer delitos o adquirir vicios”, manifestó.
En este sentido, García García afirmó que si las niñas, niños y adolescentes tienen información y, tanto madres y padres, como personal docente, están al pendiente de sus actitudes y comportamientos, “se podrá salvarlos no sólo de vicios, sino de la prisión e incluso de la muerte, pero además se podrá reconstruir el tejido social que se ha debilitado en nuestro país”.
La paz y la seguridad pública de México no sólo es tarea de los policías federales, estatales o municipales, también tiene que ver con la atención debida y vigilancia de nuestros menores, para prevenir su adhesión a células del crimen organizado, concluyó.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictamen correspondiente.
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