Por: Redacción/

La Cámara de Senadores exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a sus representantes en los 32 estados a que remitan un informe pormenorizado y puntual del monto, aplicación y destino de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias en los planteles educativos por cada ciclo escolar, del año 2012 a la fecha.

En un dictamen de la Comisión de Educación se aseguró que existen reportes donde se revela que en el sistema de educación pública nacional, algunos servicios o recursos son pagados por las instituciones, padres de familia y maestros. Incluso, algunas escuelas fueron construidas con recursos particulares, con lo cual, la gratuidad de la educación en nuestro país ha quedado en entredicho.

En la propuesta planteada por la senadora María Leonor Noyola Cervantes, del PRD, señala que aún y cuando para el Estado es menester cumplir con dicha obligación, no se destinan los recursos económicos suficientes para sufragar la educación y todo lo que conlleva otorgarla.

Argumentó: Para que las autoridades educativas puedan asuman su función de impartir educación gratuita y estén en aptitud de proporcionar todos los recursos humanos, financieros y materiales, además de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso al derecho fundamental de la educación, deberán remitir un informe del monto, aplicación y destino de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar.

Al respecto, los integrantes de la comisión dictaminadora mencionaron que el artículo 10 constitucional, en su párrafo tercero, establece que todas las autoridades del país están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

“Este precepto no se ha estado aplicando del todo”, señalaron.

Por las razones mencionadas, expusieron que los estudiantes y los padres de familia, e incluso profesores, se han visto en la necesidad de aportar cuotas voluntarias a cambio de poder gozar del derecho fundamental a la educación, por lo cual ese derecho no ha sido garantizado plenamente por parte del Estado.

La propuesta fue aprobada en votación económica y se ordenó su comunicación.