Por: Redacción

A fin de enfrentar la “ola de violencia” por la que atraviesa Baja California, el senador del Grupo Parlamentario del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas, propone hacer un llamado al titular del Ejecutivo de esa entidad a efecto de que solicite al Consejo Nacional de Seguridad Pública que lleve a cabo operativos conjuntos para contener y revertir la situación de inseguridad en el estado.

El punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del Senado, solicita al gobierno de Baja California y al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tomen las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que se garantice la coordinación y el seguimiento de programas, estrategias, acciones y políticas a cargo de las instituciones de seguridad.

Asimismo, les pide que verifiquen que los recursos suministrados para la función de la seguridad pública al estado y municipios, se apliquen en su totalidad y se traduzcan en resultados, de acuerdo con los objetivos establecidos, tanto en el Plan Nacional como en el Plan Estatal de Desarrollo.

Lo anterior, debido a que en los últimos meses se ha registrado en Tijuana, Tecate y otras ciudades de la entidad una “ola de violencia” que diversos observadores atribuyen a la recomposición de la delincuencia en el país, manifestó el senador Blásquez Salinas.

Indicó que el incremento en la incidencia criminal se traduce en ejecuciones entre sicarios de uno y otro grupo delictivo, sin embargo la violencia hace víctimas también a personas con un modo honesto de vida.

En este sentido, refirió que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para septiembre de 2016, la percepción sobre inseguridad pública a nivel nacional se disparó a 71.9 por ciento. “A las ciudades de Mexicali y Tijuana correspondió respectivamente el 61 y 55.9 por ciento”.

En cuanto a la incidencia delictiva, señaló que Tijuana registra 612 homicidios, Rosarito 56 y Tecate 43 en el periodo que va del primero de enero al 22 de septiembre del año en curso, según la contabilidad del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

Aunado a ello, precisó que el presente año se erige como el más violento desde el 2010, ya que el delito de homicidio se incrementó 65 por ciento, con respecto a 2014; y por lo que hace a los secuestros y desapariciones, han aumentado aproximadamente 30 por ciento.

Advirtió que en Baja California, en particular Tijuana, se está viendo la prueba contundente de que los esfuerzos para llevar acabo la función de la seguridad pública, se encuentran desarticulados y en abierta violación a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El incremento en las ejecuciones, secuestros y desapariciones confirma la necesidad de que el Secretario Ejecutivo del Sistema cumpla con su obligación de garantizar una coordinación que permita re-elaborar la estrategia y política criminal para contener la “ola de violencia”, puntualizó.

El punto de acuerdo se envió para su análisis a la Comisión de Seguridad Pública.