Salvador López Brito, senador panista, pidió al Ejecutivo federal que las secretarias y dependencias responsables del combate al crimen organizado que operan en Sinaloa, Durango y Chihuahua, respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y violaciones de las garantías individuales. También le solicito que, en coordinación con los gobiernos de esos estados, se destinen recursos especiales mediante proyectos productivos o apoyos de diversa índole para que se lleven a cabo actividades productivas que les permitan obtener ingresos económicos para mantenerse.

López Brito exhortó a las autoridades federales a que tomen las medidas necesarias y pertinentes con el objetivo de asegurar que las familias desplazadas tengan acceso a los servicios de vivienda, salud y educación. Por otro lado, la Secretaria de Marina confirmó que está realizando acciones contra el crimen organizado, desde hace unas semanas, en la zona conocida como “Triandulo Dorado”, que abarca a los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, esto a partir de que vecinos de la comunidad de El Verano, en Tamazula, Durango, reportaron disparos desde un helicóptero hacia su comunidad, y posteriormente a los poblados cercanos.

El legislador remarcó que, derivado de que varios niños han presentado crisis nerviosas cuando llegan al albergue después de haber pasado días caminando en la sierra, la presidenta del Sistema DIF Municipal en Cosalá, Margarita Medina de Lizárraga, ha señalado que cerca de 50 menores están recibiendo atención médica y psicológica.

“La alarmante situación de inseguridad y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las Fuerzas Armadas obligan a estar muy pendientes de que los derechos humanos de las personas inocentes que habitan en zonas en donde las autoridades realizan acciones contra el crimen organizado sean respetados por cualquier autoridad”, sostuvo el senador de Acción Nacional.

Apuntó que, según un informe publicado este año en Ginebra, por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos, en México existen alrededor de 281 mil 400 desplazados debido a la violencia ligada al tráfico de droga.