Por: Redacción/

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) exhortó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y a la Legislatura mexiquense iniciar las investigaciones correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades de los funcionarios que autorizaron el incremento de contribuciones contenidas en la Ley de Ingresos local para el año fiscal 2020, vigente al 1 de enero de 2021, sin haber sido aprobada por esa instancia legislativa la correspondiente al año fiscal 2021.

En un comunicado, detalló que a través de un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, precisó que el incremento de impuestos que se están cobrando en la entidad mexiquense, sin que haya sido aprobada la Ley de Ingresos, es una violación a la constitución del Estado de México.

Explicó que el Ejecutivo del Estado entregó el Paquete Fiscal 2021 en el mes de noviembre de 2020 y el 7 de diciembre la Legislatura solicitó al Ejecutivo local una nueva propuesta de Ley de Ingresos, porque la que presentó contenía un incremento en el monto de endeudamiento superior a los 13 mil 500 millones de pesos, con lo que la deuda superaría los 56 mil 500 millones de pesos.

La diputada federal por el Estado de México resaltó que el Congreso mexiquense cerró el período ordinario de sesiones el 18 de diciembre pasado, sin haber aprobado el paquete presupuestal para el año fiscal 2021.

“En este sentido, y conforme lo dicta la Constitución del Estado, en tanto no se apruebe el nuevo paquete presupuestal, el 1 de enero quedaría en vigor el correspondiente al año 2020, sin que pudiera hacérsele ningún ajuste”, abundó.

El pasado 4 de enero se instaló un período extraordinario de sesiones para examinar el paquete económico, declarándose en sesión permanente. “El 5 de enero se aprobó la Ley de Ingresos en las comisiones correspondientes y las y los diputados se encuentran a la espera de que se llegue a un acuerdo en relación con el presupuesto de egresos para el Estado”.

Bautista Rodríguez destacó que, por lo anterior, tanto la Legislatura como la Fiscalía General de Justicia deben iniciar las investigaciones que conduzcan a esclarecer y deslindar las responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios del Gobierno del Estado que autorizaron estos ajustes, de manera ilegal e inconstitucional.

Pide José Guadalupe Aguilera al Congreso de la Unión respaldar su convocatoria para rescatar el Lago de Pátzcuaro

A su vez, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, solicitó al Congreso de la Unión respaldar su convocatoria al Gobierno Federal para que éste apoye con visión de Estado y recursos humanos, materiales y financieros el urgente rescate del Lago de Pátzcuaro.

En un comunicado por separado, recordó que en días pasados convocó al Gobierno Federal a que, con visión de Estado, voluntad política y acciones institucionales concretas, se coordine con los gobiernos de Michoacán y de municipios aledaños al Lago para rescatarlo de la degradación ambiental y la desaparición de gran parte de su extensión, pues esto redunda en enormes pérdidas para quienes viven o sobreviven de él.

Dijo entonces que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido gran disponibilidad de recursos, por lo que lo conminó a aplicar parte de los mismos en beneficio del medio ambiente y, sobre todo, de la población, en este caso, de quienes habitan en la cuenca de este importante cuerpo hídrico.

El punto de acuerdo que presentó a la Comisión Permanente versa así: “Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a los tres niveles de gobierno a coordinar acciones para el rescate del Lago de Pátzcuaro”.

Consideró imperativo que los tres niveles de gobierno muestren voluntad, se coordinen, diseñen acciones contundentes y emprenden acciones pertinentes para su rescate.

Refirió que varios gobiernos municipales y el estatal ya suman esfuerzos en tal sentido, pero falta el indispensable apoyo federal para enfrentar y revertir la gran problemática que representa la degradación del lago.

Insistió en que la magnitud del problema descalifica cualquier desatención y exige una coordinación que supere las respuestas aisladas, lo que implica que la Federación debe respaldar presupuestalmente las políticas públicas diseñadas para enfrentar el desafío.