Por: Redacción/

Los gobiernos de las 32 entidades federativas y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) deben informar al Senado sobre las acciones de capacitación y los resultados obtenidos, para la adecuada implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio(SJPA), con el fin de conocer el número de elementos policiales capacitados y el avance conforme al estado de fuerza, solicitó la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

En el caso de los gobiernos estatales, pidió también que se incluya en el documento la plantilla laboral de los ministerios públicos.

Mediante un punto de acuerdo enlistado en la Gaceta Parlamentaria, la senadora indicó que de acuerdo a cifras publicadas en undiario de circulación nacional, octubre del presente año fue el mes con el mayor índice de homicidios dolosos, con 2 mil 371 carpetas de investigación en todo el país, la cifra más alta desde enero del año de 1997.

Además, dijo, las cifras anualizadas reportan un repunte en el número de homicidios dolosos: los primeros 10 meses del 2017 (20 mil 878 expedientes), 2016 (20 mil 547), 2015 (15 mil 909), 2014 (15 mil 520), 2013 (18 mil 106) y 2012 (21 mil 459).

Las entidades federativas con un mayor número de homicidios se colocan en los primeros lugares Baja California, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Chihuahua, agregó.

“Sin duda alguna se viven tiempos con un gran incremento de violencia, robos, secuestros, extorsiones y homicidios son tan solo algunos de los delitos con los que vivimos día a día e incluso llegan a ser algo cotidiano”, lamentó la vicecoordinadora del PAN.

En ese sentido, apuntó de acuerdo con cifras emitidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este año el aumento de delitos que se han incrementado son: lesiones (14 por ciento), robo de vehículos (27 por ciento), robo a negocios (35 por ciento), extorsiones (16 por ciento), secuestros (9 por ciento), homicidios (23 por ciento) y robo a transporte (99 por ciento)

La senadora señaló que la reforma constitucional aprobada en 2008 aspira a ser integral, basándose en un sistema de principios rectores, particularmente en el respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado y ofendido, partiendo de la presunción de inocencia.

Estos elementos, afirmó, fortalecen el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de los involucrados en una investigación o procedimiento penal.

Sin embargo, existe una serie de quejas que relacionan el aumento en la inseguridad en toda la República con el funcionamiento del Sistema Penal, expuso.

De acuerdo con cifras recabadas por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario sobre los ingresos y egresos en las 13 prisiones de la Ciudad de México, el 26 por ciento de los internos quedaron libres desde la puesta en marcha del nuevo sistema penal, pasando de 39 mil 223 presos a 28 mil 957 reos, refirió senadora por Acción Nacional.

A nivel federal, abundó, el número de internos pasó de 255 mil 138 -antes de la entrada en vigor del nuevo sistema penal- a 236 mil 886; es decir, se ha liberado a 18 mil 252 personas, de acuerdo con los informes presentados por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) en abril de 2016 y abril de 2017, respectivamente.

Dentro de las principales fallas que se señalan en el nuevo sistema de justicia penal, se encuentran el control de detención, el incumplimiento de los policías en la lectura de los derechos del detenido, el reporte homologado del primer respondiente y la falta de oralidad de la mayoría de los ministerios públicos, quienes entorpecen el sistema al tener elaborada una guía “machote”, indicó.

“Para el caso judicial, existe favoritismo al ministerio público, mal manejo del ministerio público para llamar datos de prueba y medios de prueba en la ejecución de audiencia, así como la falta de conocimiento en la forma de encuadrar el delito al imputado con la conducta antijurídica”, aludió.

Por ello, dijo, es necesario que los elementos que intervienen en todo el proceso del sistema penal, cuenten con la debida capacitación para poder hacer frente a un sistema que pretende mejorar las condiciones penales, pero que, debido a la falta de capacitación, está resultando contraproducente, concluyó.