Por: Redacción
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un informe sobre los ajustes anunciados para perfeccionar el proceso de evaluación magisterial; en tanto al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) le pide realizar un análisis respecto a las valoraciones de nuevo ingreso, promoción y, especialmente, del desempeño profesional.
En un dictamen, aprobado el pasado 3 de agosto, se apunta que la Reforma Educativa establece que en caso de existir insuficiencias en la evaluación, las autoridades deberán emprender programas remediales.
Lo anterior prevé la posibilidad de evaluaciones adicionales “para mostrar que se cumple con la condiciones para la permanencia, se trate de personal de nuevo ingreso o en servicio. Ningún maestro que hoy esté en servicio podrá ser despedido, independientemente de sus resultados en las evaluaciones de desempeño”.
En cuanto al conflicto magisterial, senadores y diputados federales se manifestaron a favor del diálogo. En ese sentido, solicitan a las autoridades del gobierno así como a la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) impulsar acciones que contribuyan a garantizar la transformación del sistema educativo nacional, a favor del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a cuidar y preservar el derecho superior de niñas, niños y adolescentes, así como al cumplimiento de los acuerdos internacionales asumidos por México.
Entre dichos acuerdos, destaca la Convención sobre Derechos de la Niñez que establece en el artículo 3º “todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas o los órganos legislativos, atenderán siempre el interés superior de la niñez”.
Se refiere también a la observación hecha a México por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en lo relativo a “apoyar un liderazgo y una gestión escolar de excelencia; consolidar el papel de los directores escolares fijando estándares claros: proporcionando formación, selección y contratación profesionales, facilitando una autonomía escolar con estructuras de apoyo y garantizando la participación social”.
Para tal fin, la OCDE emitió 15 recomendaciones: definir la enseñanza eficaz, atraer los mejores candidatos docentes, fortalecer la formación inicial del profesorado, mejorar la evaluación inicial, abrir todas las plazas magisteriales a concurso, crear periodos de inducción y prueba, mejorar el desarrollo profesional, profesionalizar la formación nombramiento de los directores, incrementar la autonomía escolar, entre otros.
El dictamen establece que derogar la Reforma Educativa “resulta formal y materialmente improcedente”; y agrega que no es posible hacer públicas las muestras representativas de “reactivos”, y las muestras ya calificadas de expedientes de enseñanza y planes de clase, pues ello podría perjudicar la efectividad de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente.
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