Por: Redacción

Con el fin de proporcionar apoyo humanitario necesario e indispensable para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, sanitarias, médicas y de seguridad en favor de personas de origen guatemalteco desplazadas de su lugar de origen que se asentaron en la comunidad El Desengaño, en el Municipio de Candelaria, Campeche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la implementación de medidas cautelares.

También se les pidió que, de manera coordinada, de acuerdo con sus competencias, y con pleno respeto a la dignidad y derechos humanos de las personas desplazadas, se lleven a cabo acciones inmediatas para prevenir enfermedades contagiosas, brindar atención médica-psicológica, priorizando en todo momento a las niñas, niños y adolescentes, así como mujeres embarazadas y adultos mayores.

La solicitud de implementación de medidas cautelares se dirigió mediante oficio a los Subsecretarios de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación; de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social; y de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; al Instituto Nacional de Migración, a los Secretarios de Gobierno y de Salud del Gobierno del Estado de Campeche, al DIF de esa entidad federativa, al Presidente Municipal de Candelaria, así como también al DIF de ese ayuntamiento.

Ante el riesgo y urgencia del caso, de igual manera se requirió brindar a las personas beneficiarias de dichas medidas, la seguridad necesaria mientras se encuentren en dicho lugar.

Asimismo, este Organismo Nacional dirigió un oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitándole información sobre las acciones que ha efectuado con las representaciones diplomáticas del Gobierno de Guatemala para la atención a la problemática por la que están pasando las personas nacionales de ese país.

El pasado 6 de junio personal de esta Comisión Nacional realizó una visita a la franja fronteriza que divide a México de la República de Guatemala, con motivo del asentamiento de 399 personas provenientes de Laguna Larga, San Andrés del Petén, quienes iniciaron su ingreso a territorio mexicano el día 1 del presente mes, en tanto que el desalojo total de la citada comunidad guatemalteca se efectuó el día 3.

Mediante entrevistas a las personas desplazadas, la CNDH conoció que fueron desalojadas de Laguna Larga por la ejecución de una orden judicial, y a pesar de que su gobierno ofreció alojarlos en un albergue temporal mientras los reubicaban, no aceptaron la propuesta; se desplazaron y asentaron en territorio mexicano.

Se detectó que entre esa población hay 35 mujeres, de las cuales 12 cuentan con embarazo que va de los 2 a los 9 meses de gestación; 4 mujeres adultas mayores; 126 niños y adolescentes varones, entre ellos 4 recién nacidos; 87 niñas y adolescentes mujeres, entre las cuales hay 6 recién nacidas; y 151 varones, de los cuales 8 son adultos mayores.

Igualmente tuvo conocimiento que entre esa población han surgido brotes de enfermedades gastrointestinales, y al no contar con un lugar para su aseo personal, algunas personas presentan salpullido en la piel, además de que se terminó el suministro de alimentos que les proporcionaban la Pastoral Social de Guatemala y pobladores de El Desengaño, aunado a que se detectó la habilitación de dos hoyos en la tierra, que cubren con maleza, para realizar sus necesidades fisiológicas.

La CNDH ha estado en contacto con la organización de la sociedad civil “Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, Frontera Guatemala /México, Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género”, a través de su Coordinación General en nuestro país, así como con “Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.” y “Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.”, a quienes se ha informado de las acciones realizadas.

Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará atenta y teniendo presencia en la comunidad de El Desengaño, para observar el desarrollo de los hechos y garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos de las personas de origen guatemalteco desplazadas.