Por: Roberto Barco Celis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó la intervención y los buenos oficios de cuatro instancias internacionales de derechos humanos para vigilar, dar seguimiento y, en su caso, emitir pronunciamientos y dictar las medidas que correspondan, ante los inminentes cambios que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado en su política migratoria.

Además de la incidencia que tendrán en la estabilidad social y económica de la región –se explica—, podrían propiciar la violación a los derechos humanos de millones de personas que radican en ese país bajo una condición migratoria irregular, así como de aquellas que, en contexto de migración, transitan hacia la región norte del continente americano.

Mediante sendas cartas suscritas por el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Francois Crépeau; Setondji Roland Adjovi, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas; Enrique Gil Botero, Relator para los Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y José S. Brillantes, Presidente del Comité para la Protección de los Derechos Humanos de todos los Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias de la Organización de las Naciones Unidas, les hace saber que dado el número de personas que podrían verse afectadas por tales medidas, así como la naturaleza y alcance de las mismas, su aplicación podrá hacer nugatorios los derechos que les asisten, tales como contar con las debidas garantías procesales a la hora de que su condición jurídica fuera evaluada y de determinar si se les permite la entrada y están autorizados para permanecer en el país.

“El endurecimiento de las políticas migratorias que se ha anunciado –explica el Ombudsman nacional mexicano en sus misivas—, podría implicar medidas que criminalizaran a las personas en situación de migración, contribuyendo con ello que fuesen víctimas de discriminación, así como a un aumento de la intolerancia, xenofobia, exclusión y violencia en su contra”.

González Pérez señala, asimismo, que si bien es cierto que los países gozan de autonomía para establecer políticas de ordenamiento migratorio, la comunidad mundial, en el seno de las Naciones Unidas y bajo los acuerdos de la Declaración de Nueva York, ha ratificado su compromiso permanente en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, siempre bajo criterios de responsabilidad compartida y procesos ordenados que no atenten a la dignidad humana de quienes aspiran a la paz y la prosperidad.

El Ombudsman mexicano solicita a los titulares de las mencionadas instancias internacionales, proteger los derechos de las personas migrantes en los Estados Unidos de América, en el marco de la actual coyuntura en que se encuentra esta región.

“Sus buenos oficios –les dice— serán de gran importancia para velar por la observancia de los estándares de derechos humanos por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, garantizando a todos los migrantes el goce efectivo de los derechos que les asisten, así como el ejercicio de las libertades que les son propias”.

La CNDH señaló que  en estas circunstancias, las personas defensoras de derechos humanos, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y las instancias internacionales “debemos integrar un frente común para evidenciar la ilegitimidad de toda conducta que vulnere los derechos humanos de las personas.

“No podemos permitir que la indiferencia haga que asumamos, como parte de nuestra normalidad, acciones que promuevan el menoscabo a los derechos de las personas y atenten contra la dignidad humana”.