Por: Redacción

La Comisión de Transparencia a la Gestión en la Asamblea Legislativa, encabezada por el diputado del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, organizó una serie de audiencias públicas con sectores de la sociedad civil y académicos, rumbo a la dictaminación de la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

“Porque no es un tema de políticos, sino que involucra a todos los actores, en especial a la ciudadanía, quienes son principales beneficiados con esta nueva ley de transparencia”, advirtió el diputado panista al precisar que “llegó la hora de invertirle a la transparencia para disminuir el gasto de la corrupción”.

Ante grupos de la sociedad civil, Ernesto Sánchez Rodríguez mencionó que esta Ley de Transparencia también va encaminada al tema de rendimiento y evaluación de la administración pública, órganos autónomos y fideicomisos.

Subrayó que es necesaria la vinculación entre el gobierno y los ciudadanos y, apuntó, esto sólo se dará siendo transparentes en todo el ejercicio de la labor gubernamental y sobretodo, en el gasto; saber cómo se ejecuta el dinero público”.

Durante esta reunión abierta, se recogieron las opiniones de los presentes en términos de protección de datos, fiscalización, programas sociales, gasto delegacional y alternativas de acceso a la información por parte del ciudadano.

En este grupo de trabajo participó el Contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Robelo Rico, en donde manifestó la postura del gobierno local sobre esta nueva ley; señaló que este tipo de ejercicios son loables para enriquecer y empoderar al ciudadano contra los abusos y prácticas desleales por funcionarios públicos.

Por su parte, Mucio Hernández Guerrero, titular del Comisionado Presidente del INFO-DF, indicó que para la construcción de esta ley tuvo margen de participación la ciudadanía en donde incluyo su voz e inquietudes para perfeccionar la rendición de cuentas en la capital.

Finalmente, las autoridades coincidieron en la urgencia de asumir el papel de la transparencia y rendición de cuentas como un derecho humano fundamental rumbo a la redacción de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México.