Por: Mugs Redacción

El sistema de pensiones en México requiere una solución integral, que incluya el análisis sobre el modelo de desarrollo de la economía nacional y permita una mejora real en las condiciones de todos los trabajadores y sus familias, destaca una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

En todos los diagnósticos nacionales e internacionales, refiere el documento, ha quedado claro que “el sistema actual no garantiza ingresos suficientes para fondear las pensiones” y que “se requiere subir la aportación para el retiro entre 13 y 15 por ciento”.

Sin embargo, acota el IBD en un cuaderno de investigación sobre “El contexto del Sistema de Pensiones en México y su discusión actual”, no existe todavía una estrategia que permita a los trabajadores destinar una mayor parte de su salario para esta prestación.

Los empleados en nuestro país, agrega, tienen los salarios mínimos más bajos de la Organización para la Coperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de América Latina y, por otro lado, 58 por ciento de la fuerza laboral trabaja en el mercado informal sin seguridad social y sin cotizar.

Además, en México el mercado laboral se caracteriza por su fragmentación, en donde un ocupado es contratado por un periodo de tiempo en el sector formal y después se ve obligado a pasar a la informalidad, con lo cual se puede presumir que existen cuentas de Afore que están inactivas por esta importante movilidad laboral que no permiten capitalizar al Sistema.

En el estudio, realizado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto, también se menciona que más de una cuarta parte de los empleos generados son contratos eventuales (más de 1 millón) y que éstos han ganado espacio a lo largo del tiempo. Por ejemplo: en 1997 sólo 6.3 por ciento eran puestos de trabajo eventuales y para 2014 la proporción creció a 14 por ciento, que se mantiene actualmente.

“Los especialistas señalan que la mayor generación de empleo eventual es el resultado del menor ritmo de crecimiento económico y de un mercado de trabajo inestable que no puede ofrecer seguridad laboral ni social, debido a la escasa productividad de la economía”.

Un ejemplo de esta problemática se relaciona con los cambios fiscales que tienen que ver con el aumento en los costos de la nómina por la reducción en las deducciones de las prestaciones sociales que se otorgan a estas empresas, ese aumento oscila entre 7 y 8 por ciento en el costo de las nóminas y por tanto se toma la decisión de “no arriesgar” y emplear sólo por tiempo parcial a los individuos, con el entendido de que si la situación económica no mejora es más fácil recurrir al despido.

El documento elaborado por el IBD considera probable que los ordenamientos jurídicos que rigen el sistema de pensiones sean sometidos a una nueva revisión, derivada de la propuesta de 2013 del Ejecutivo Federal sobre la pensión universal, los cambios en la Ley del ISSSTE y las sugerencias de la OCDE.

Advierte que la propuesta de hacer del acceso a una pensión de retiro un derecho constitucional para todos los adultos mayores fortalecería el combate a la exclusión social de este grupo de población, “pero también conlleva mayores presiones sobre los contribuyentes cautivos del sistema fiscal”.

“Algunos especialistas señalan que la consideración del gobierno federal de apoyarse para el financiamiento de la pensión universal en los impuestos generales y fortalecer el pilar no contributivo podría incentivar aún más el trabajo informal y la falta de cotización de los trabajadores a la seguridad social”.

La OCDE, refiere la investigación, recomienda llevar a cabo cambios sobre el proceso de transición del sistema de beneficio definido al de contribución definida y cuentas individuales, aumentar el nivel de cotizaciones, mejorar el sistema de protección social para la vejez y eliminar la fragmentación del sistema.

Según algunos especialistas en el tema, el objetivo principal de estas propuestas es disminuir el costo fiscal del sistema de pensiones para el erario público y el resultado final sería la reducción del salario real de los trabajadores al obligarlos a incrementar la cotización para el retiro, lo cual no impactaría de forma significativa el porcentaje de pensión del último salario que recibirían y tampoco aseguraría un retiro digno.

“De facto el esquema que propone la OCDE afectaría a millones de trabajadores mexicanos, que empezaron a cotizar antes del primero de julio de 1997 y que están acogidos al régimen de Beneficio Definido, estos podrían acceder a pensiones de hasta de 100 por ciento y con este esquema verán reducido su retiro entre 30 y 70 por ciento”.

Sobre la propuesta del Ejecutivo federal para la Ley del ISSSTE, menciona que de la comparación entre los cambios de los artículos de la Ley del ISSSTE de 2007 y la propuesta actual del Ejecutivo, se desprenden varios cuestionamientos e incluso posibles implicaciones sobre el bienestar de los trabajadores, de aprobarse esta iniciativa.

Entre ellos, se elimina la responsabilidad del gobierno federal si se llegan a perder los fondos de las cuentas individuales o, en caso de minusvalías, en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro.

La nueva empresa determinará en dónde y cómo invertir los fondos de los trabajadores y puede decidir el nivel de riesgo que considere conveniente con lo que el ahorro de los trabajadores se volvería vulnerable a los cambios del sistema financiero.

El artículo se puede consultar en http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ci/CI-20.pdf