Por: Redacción

Para la senadora Angélica de la Peña los avances legislativos en materia de igualdad género y garantía del derecho al trabajo para las mujeres en nuestro país han resultado insuficientes para modificar la realidad, pues el balance de sus efectos muestra de manera preocupante que se mantienen las enormes dificultades para erradicar la discriminación y exclusión social de las que son víctimas.

Dijo que la preocupación para la falta de avances concretos han obligado a replantear los objetivos de desarrollo sostenible desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se conoce como doctrina de la situación irregular, y que plantean políticas públicas específicas para dar respuesta de manera inmediata a un problema estructural.

“Este problema debería estar resolviéndose con la aplicación irrestricta de los tratados internacionales, pero al no lograrse se diseñan estos compromisos entres los Estados, entre los gobiernos, para tratar de paliar las situaciones de discriminación y exclusión social en asuntos en reconocimiento de derechos y su goce pleno”, añadió.

Señaló que el replanteamiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ahora con nuevas metas, profundiza los compromisos que puedan ser plausibles por parte de los Estados que forman parte de la ONU, a fin de que de manera concreta se comprometan en acciones que avancen en sacar de la marginalidad extrema a muchos y muchas seres humanos.

En nuestro país, explicó la legisladora del PRD, sigue estando pendiente el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos y la eliminación de todos los obstáculos para que gocen de manera plena todos derechos de manera particular, el derecho al trabajo digno y decente.

Destacó que la problemática es tan compleja que en pleno siglo XXI se continúa exigiendo la prueba del examen de embarazo, que se suma a todas las situaciones de discriminación que padecen las mujeres cuando están embarazadas o cuando están en el período de lactancia, no solamente en el ámbito privado sino también en las instituciones gubernamentales.

El índice de discriminación laboral de 2012 señala que en promedio las mujeres ganan 5% menos que los hombres, pero si se comparan con otras fuentes, como el Informe sobre Desarrollo Mundial también del 2012 “Igualdad de Género” que señala que la brecha es mucho más amplia y puede llegar incluso al 20%; de acuerdo a esta última estudio, curiosamente, el 40 por ciento de quienes participaron señalaron que la maternidad y tener mayores responsabilidades en el entorno familiar son los dos factores que más pueden mermar el crecimiento profesional de las mujeres que trabajan.

“Es importante entender que si queremos realmente cambios y llegar a un estadio de plena igualdad, requerimos que las familias también se transformen, que los los integrantes masculinos tienen que obligarse a la responsabilidad de los quehaceres del hogar y también de la atención de la prole, de tal manera que las niñas y los niños integrantes de las familias vayan formándose de manera distinta, en condiciones de real igualdad”, acotó.

Para lograr la deconstrucción de todas las estructuras de una sociedad machista, continuó de la Peña Gómez, no basta con una opinión personal, con una disposición individual, se requiere una política de Estado, acciones gubernamentales, las cuales deberán ser evaluadas constantemente y corregidas para atender de manera específica aquellos aspectos que requieran mayor atención.

Finalmente, la senadora Angélica de la Peña apuntó que es necesario integrar dos perspectivas jurídicas, “el derecho nacional, en el que hemos avanzado en la Constitución y sea necesario insistir en la aplicación de la legislación; y por supuesto, los tratados internacionales, los que nos ayudarán a lograr un enfoque universal, acorde a lo inscrito en el artículo primero de nuestra Constitución desde un enfoque pro persona, donde no haya absolutamente ningún tipo de discriminación por ninguna condición y por ninguna índole”.