Por: Javier Bárcenas/

La Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó investigaciones “exhaustivas, sólidas y a fondo”, en el marco de sus competencias, en los casos del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, de los contratos de Pemex con Odebrecht y del presunto desvío de recursos públicos conocido como “la estafa maestra”, afirmó su titular, Arely Gómez González.

“Yo cuando investigo no investigo a personas, con el nombre y apellido, se le hace la investigación al servidor público que cometió esta falta administrativa. Pero, definitivamente, nos ajustamos al marco normativo. Como ustedes saben todas las secretarías tienen manuales de organizaciones y reglamentos”, afirmó ante diputados.

En estos casos señalados, la dependencia federal está verificando el patrimonio de varios servidores públicos de Pemex (Petróleos Mexicanos), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre ellos el de Rosario Robles Berlanga, señaló ante diputados.

La secretaria de FP acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro a comparecer ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, presidida por Óscar González Yáñez (PT), y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), con motivo del análisis del sexto informe de gobierno del Ejecutivo federal.

“En estos y otros casos, se realizaron las investigaciones conducentes de manera exhaustiva conforme a las facultades de la SFP, y se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo, como suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos, tal como nos permite la ley”, dijo.

“Puedo garantizarles que hemos ido al fondo de todos los asuntos, sin importar cargos, en el caso de los servidores públicos, o el poder económico que representan, cuando se trata de empresas”, subrayó la funcionaria federal.

Ante cuestionamientos de algunos diputados, entre ellos de Morena, PAN, PES, y PVEM, sobre el por qué aún no hay funcionarios públicos sancionados penalmente, particularmente por el caso de presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, como ya ha ocurrido en otros países, la funcionaria dijo que la SFP no tiene facultades para investigar el cohecho.

“Sobre el posible soborno o cohecho, la SFP no ha investigado porque al momento de los hechos, la conducta de cohecho no estaba prevista en la Ley de Responsabilidades Administrativas, nosotros investigamos lo que la ley nos permitía: adjudicación y ejecución de los contratos”.

La SFP cumplió con su obligación, dentro de sus competencias, por lo que “no podemos decir que ha sido omisa en este caso, al contrario”, enfatizó la funcionaria.

Indicó que la institución agotó todas sus líneas de investigación y como resultado de ello inhabilitó a la empresa Odebrecht y una de sus filiales, siendo México el primer país que tomó esta medida y con la sanciones económicas más altas que haya impuesto la dependencia.

Indicó que al día de hoy, hay 10 procedimientos administrativos de responsabilidades que se han resuelto con sanciones, ocho con sanciones consistentes en inhabilitaciones y multas económicas, tres para la constructora Norberto Odebrecht con una multa económica por 543.48 millones de pesos.

Una inhabilitación para Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional, dos de inhabilitación para representantes legales de Odebrecht con multa económica, y dos contra un servidor público de Pemex con multa económica e inhabilitación de 10 años.

“En el caso Odebrecht no habrá impunidad en materia administrativa”, sostuvo.

La secretaria de la Función Pública apuntó que durante la presente administración, el número de sanciones emitidas superan las 58 mil, mientras que la cantidad de sancionados llegó a los 44 mil 46, y el monto de las sanciones se elevó a siete mil 161 millones 800 mil pesos.

El origen de dichas sanciones fue, en su mayoría, por omisión o presentación extemporánea de la declaración patrimonial; por auditorías de los órganos internos de control; por denuncias de otros servidores públicos; denuncias o quejas de la ciudadanía y por gestiones de la Auditoría Superior de la Federación.

En lo relativo al combate a la corrupción, destacó que el Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento de las Convenciones Internacionales Anticorrupción, que preside la SFP, atendió, en dos años, 57 por ciento de las 180 recomendaciones de instancias como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).