Por: Redacción/

A través de un comunicado, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dos inhabilitaciones a CyberRoboticSolutionsS.A. de C.V., empresa que pertenece a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dichas inhabilitaciones  son por 24 y 27 meses, respectivamente, así como de dos multas, que suman más de dos millones de pesos, a la misma empresa.

El pasado 17 de abril se le adjudicó de forma directa un contrato a la empresa hoy inhabilitada —misma que no produce insumos médicos—, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de COVID-19 en Hidalgo.

La SFP sostiene que sus investigaciones revelaron que la contratación se sustentó en falsedades:

El precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así como por el costo de los equipos adquiridos recientemente por la Cancillería y otras entidades del Gobierno federal.

La supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de “entrega inmediata” resultó insostenible.

La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia.

Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS.

La Secretaría de la Función Pública indicó que como resultado de una visita de verificación realizada el pasado 7 de mayo de 2020, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos al proveedor, lo cual evitó el daño patrimonial al Estado.

Además de las irregularidades cometidas por la empresa sancionada, la Secretaría de la Función Pública también investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición. Dada la relevancia de las presuntas faltas que se imputan en el contexto de la contingencia sanitaria, la Función Pública ordenó como medida cautelar —en estricto apego a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas— la inmediata suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo.